Una vez más, cerca de un millón de ahorradores tienen su dinero retenido por entidades bancarias. Cierto que de forma voluntaria, pues para ello han tenido que firmar un contrato que los mantiene atados de pies y manos. No parece que aquí haya sido la codicia la principal motivación, sino un producto de renta fija, las participaciones preferentes, basado en una deuda indefinida de una entidad bancaria, que ofrece su rentabilidad ligada al beneficio y presenta muy baja liquidez. Debido a que era un producto de una -muchas- entidad bancaria, los codiciosos españoles invirtieron en tamaño desafuero al menos veinticinco mil millones, de los que según parece aún quedan diez mil millones de euros en manos de clientes particulares que difícil tienen la recuperación del capital.
Se sabe que la avaricia rompe el saco. También que la libertad es un bien incuestionable. Por eso quienes en sucesivas oleadas fueron víctimas de su propia codicia no han tenido la protección del Estado, en forma de organismos supervisores o en forma de poder judicial. Recuerden los casos repetidos desde Gescartera hasta la increíble Nueva Rumasa y un largo etcétera, donde ni el Banco de España, ni la Comisión del Mercado de Valores, ni la Dirección General de Seguros, ni los sucesivos jueces restituyeron o paliaron las estafas.
El Banco de España, y su presidente se dedicaron estos años a proclamas y lecciones contra nuestro despilfarro, el de la clase media, olvidando su función de supervisión y regulación del sistema financiero. Sistema sostenido con el aporte, temporal o permanente, de cuantiosos fondos públicos -de nuestros impuestos- para su supervivencia y mejor negocio. Financieros que acuden ansiosos -quizá avariciosos- y solicitan la turbadora cifra de ciento cincuenta y cinco mil millones de euros en enero al Banco Central Europeo, que en buena parte dejan allí depositados a bajo pero seguro interés, o compran deuda del Tesoro público, pero ni los prestan a otros bancos, ni los ponen a disposición de los ciudadanos y empresarios, en forma de créditos.
El Gobierno, enredado en esas mil filigranas financieras y con la culpa en sus espaldas, obligado a trabajar contra sus principios (sic), recorta derechos laborales, recorta servicios públicos, recorta empleo, recorta salarios, sube impuestos y no resuelve el mal de nuestro tiempo. En su razón o excusa, un déficit superior al declarado por el anterior Gobierno, y en su contención -si tal hubiere-, unas elecciones andaluzas. El sistema bancario y financiero, dispuesto a lastrar nuestros derechos, nuestra democracia y nuestra vida por el bien superior de su beneficio. Que no es avaricia ni codicia.