En las elecciones del 20-N los españoles posibilitaron la alternancia, hecho absolutamente imprescindible cuando la clase política del país se ha convertido, no ya en la solución sino en el tercer problema, tras el paro y la economía.
Pero seguimos por mal camino. Los vencedores acumulan poder, quizá más del que resulta operativo para el equilibrio entre quienes mandan y quienes ejercen la oposición. Unos y otros no han sido capaces de operar el cambio que la sociedad demanda: devolver, con su conducta, el crédito y la confianza al ciudadano.
Dijeron y se comprometieron en la campaña con la verdad y con toda una serie de medidas que iban o no iban a tomar. Pero, de inmediato, estamos sufriendo no solo la desconsideración contradictoria de las medidas del Gobierno con sus promesas, sino que los máximos representantes del partido a punto de alcanzar el poder hegemónico permiten, alientan y promueven el uso de las tribunas mediáticas para ir introduciendo las reformas de los derechos sociales.
Cataluña ha decidido aplicar una tasa de un euro por receta a los usuarios del sistema nacional de salud en su territorio. Lo hace por necesidad financiera, por iniciativa de su Gobierno y con el apoyo del PP. Al mismo tiempo, el presidente del Gobierno de la nación dice en medios de comunicación, durante la campaña electoral de Andalucía y de Asturias, que no está de acuerdo con el copago en la sanidad pública.
Tal noticia no se debate en el último pleno del Parlamento gallego. Pero a los pocos días, la responsable de sanidad de la Xunta, en medios de comunicación, se muestra a favor.
En una entrevista que concede el candidato Arenas, convencido de su victoria en Andalucía, emplea un término que quizá sea la clave de lo que está sucediendo: «Me gustaría bajar muchos impuestos, pero me condiciona el déficit». Y a continuación, niega en rotundo que vaya a aplicar el copago en la sanidad.
Siempre sostuve que las medidas para la financiación de las prestaciones de la sanidad pública se deben tomar en los Parlamentos, no en los medios de comunicación. Y que la cartera de prestaciones que condicionan el gasto debe garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos en el territorio nacional, al mismo coste. La seriedad en las formas garantiza la igualdad en el fondo de algo tan sensible como es la sostenibilidad del sistema sanitario.