Cicerón en sus famosas Catilinarias ya decía: «Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?». Para evitar los males que se derivan de un capitalismo salvaje, como el que rige en los sistemas democráticos de la mayoría de los países civilizados, es preciso extremar los sistemas de control para evitar los excesos de una libertad absoluta.
El no funcionamiento de estos controles, tales como las agencias de rating, (y en nuestro país el Banco de España), entre otras razones, nos han llevado a la dramática situación de crisis económica en que nos encontramos.
Ocurre como en el sistema de la libre competencia. Si queremos conseguir un sistema de economía libre de mercado hay que incurrir en la paradoja de limitar la libertad.
Si no actuamos de esta suerte no podremos evitar los enormes abusos que cometen las empresas más importantes y más poderosas, entre las cuales destacan los bancos.
En estas columnas ya hemos hecho referencia a los principales injusticias que se derivan de la legislación que regula nuestro sistema financiero.
Destacaremos en primer lugar la necesidad de la introducción en nuestro Derecho de la llamada dación en pago, mediante la oportuna reforma de nuestra legislación. Nuestro Gobierno ha introducido una tímida reforma que en realidad afecta a un porcentaje escaso de supuestos.
También nos hemos referido a los excesos cometidos por ciertos bancos que habiendo recibido ayudas estatales no han dudado en la escandalosa práctica de aumentar las remuneraciones de sus órganos de administración. El Gobierno ya ha acometido en este punto tímidas pero acertadas reformas.
Los fondos percibidos del Estado como ayuda bancaria en vez de destinarlos a la fluidez del crédito los han depositado en otros fondos o en el Banco Central Europeo.
Y que decir de las cláusulas y comisiones abusivas de los contratos bancarios, tales como las denominadas cláusulas del suelo, y las cuasidelictivas inversiones en preferentes, abusando del desconocimiento financiero de los depositantes, muchos de los cuales a veces no sabían ni siquiera firmar, y que han motivado una oleada de manifestaciones en muchas ciudades españolas.
Últimamente cobran actualidad las consecuencias derivadas de la disposición gubernamental encaminada a ayudar a las distintas Administraciones públicas del país con la finalidad de poder satisfacer el importe de las deudas a las empresas.
Pues bien dado que los bancos son los que actúan como intermediarios de la distribución de las referidas ayudas pretenden nada menos que satisfacer mediante las mismas en primer lugar las cantidades que pudieran adeudarles las mismas a las entidades bancarias.
Sin entrar en la discusión de la supuesta legalidad de esta actuación, creemos que el Gobierno dispone de las medidas necesarias para evitarla.
No dudamos en considerar que se produce un supuesto de un uso abusivo de un derecho, que el Estado no debe de ningún modo permitir si no quiere aumentar el número de los descontentos con su inevitable política de ajustes, y contribuir además a que esta se dirija sobre todo hacia las entidades financieras, lo cual no deja de ser una provocación.
Sirva como símbolo de este descontento la imagen de ese farmacéutico griego que puso fin a su vida para no seguir viviendo en una situación de tanto oprobio.
Se cumplen los requisitos exigidos por una original y temprana sentencia del Tribunal Supremo cuyo ponente fue el ilustrísimo civilista Castán Tobeñas, de 14 de febrero de 1944, que estableció como requisitos de una conducta abusiva los siguientes: uso de un derecho objetiva o externamente legal, daño a un interés (el de los empresarios afectados) y la inmoralidad o antisocialidad de este daño manifestado en este caso en forma objetiva por el ejercicio anormal del derecho o contrario a los fines económicos y sociales del mismo.
A pesar de que la democracia no podrá evitar las desigualdades, debemos tener presente la frase del inmortal filósofo Eugenio D?Ors: «Siempre habrá pobres entre nosotros, cuidad que no sean siempre los mismos».