Durante los primeros ocho años de vida del euro, España recibió un ingente flujo de capital que, junto a la seguridad de la moneda única y los bajos tipos de interés, alimentó el sobreendeudamiento privado y la burbuja inmobiliaria. En esos años creció de forma exponencial el parque de viviendas al calor de la liberalización del suelo aprobada por Aznar, a la que, desgraciadamente, no se puso freno.
Un modelo económico basado en la construcción y la especulación que llevó aparejada la pérdida de competitividad, la reducción del ahorro y el aumento del déficit exterior. Así, cuando nos sorprende la crisis económica y financiera y estalla la burbuja inmobiliaria, el paro crece bruscamente, pasando del 7 % en el 2007 al 27 % actual.
Necesariamente hemos de preguntarnos si en estos años de recesión, paro masivo y desigualdades crecientes hemos aprendido algo sobre las nefastas consecuencias de un modelo de crecimiento que se mostró insostenible e inviable.
Me temo que la respuesta es que no. Porque, más allá de que el Gobierno no proponga un modelo de desarrollo con futuro, ni un horizonte creíble de salida del actual pozo, el problema es que a la primera ocasión que se le presenta, vuelve sobre sus pasos y se apresta a poner en marcha una reforma de la Ley de Costas de 1988 que, de nuevo, apuesta por la especulación inmobiliaria y el crecimiento desordenado.
Cierto es que no debe sorprender, ya que el PP fue el primero en ponerse al frente de la pancarta ante cualquier intento de frenar la burbuja inmobiliaria. Así, se opuso a Ley de medidas urgentes de protección del litoral que aprobó el Gobierno progresista de Pérez Touriño, con el objetivo de frenar la construcción en los primeros 500 metros de costa, evitando los destrozos que se estaban produciendo en Galicia al amparo de planeamientos obsoletos. Esa medida, junto al freno a los desmanes urbanísticos en entornos sensibles como Barreiros, el rigor en los informes a los PXOM limitando las previsiones desaforadas de crecimiento residencial y el impulso a la vivienda protegida, actuaron como dique de contención a la burbuja inmobiliaria gallega. Todas tuvieron en contra al PP.
La nueva Ley de Costas revisa los deslindes para aproximar aún más las construcciones a la ribera del mar, desafecta zonas de dunas bajo el pretexto de que no afecten a la estabilidad de las playas, amplía el período de concesión de los actuales 30 años a 75, privatiza zonas inundables, amnistía los desmanes que situaron construcciones sobre las playas, sin más criterio que la discrecionalidad y la arbitrariedad, y por si fuera poco, vuelve a situar la construcción como la estrategia de crecimiento futuro. Con esta reforma el Gobierno se hace eco de los intereses privados y decide convertir el espacio costero de todos, el legado para las próximas generaciones, en el negocio de algunos, abriendo las puertas a la expectativa de más especulación, nuevas amnistías y más ladrillo.
El nuevo texto legal, aprovechando la coartada de intentar reconocer núcleos tradicionales como los de Marín, permite reducir la franja de protección litoral de 100 a 20 metros, abriendo la puerta al desarrollo de nuevos suelos desde el planeamiento municipal, con la única cautela de la emisión de un informe en el que operará el silencio administrativo positivo. Un procedimiento que favorece el trato de favor, ya que paralizar o retrasar un informe se convierte en una lotería al servicio de intereses especulativos o electorales.
En un territorio como Galicia, con la costa más extensa de toda España, los efectos de la aplicación de la nueva ley pueden modificar de forma importante los deslindes, creando nuevas primeras líneas de playa, consolidar murallas de cemento costeras o poner en peligro muchos de nuestros arenales, como los de Liméns, Barra, A Lanzada, Corrubedo, Carnota, Traba, Doniños, Valdoviño o Viveiro.
Además, le facilita la continuidad a la instalación de Ence en Pontevedra, que en lugar de negociar su reubicación y planificar la necesaria restauración medioambiental de la ría de Pontevedra, se concentrará en justificar ante la Xunta que los efectos de otros 45 años de concesión son «inocuos». Para más inri, un regalo a cambio de nada, ni garantía de puestos de trabajo, ni ampliación o renovación de plantilla, ni siquiera será imprescindible mantener el volumen de actividad.
Lo paradójico es que mientras todos los diagnósticos coinciden en que la crisis financiera y económica de nuestro país tiene su origen en la burbuja inmobiliaria, el PP, en lugar de cimentar nuestro modelo económico en la industria, la formación, la innovación y la calidad, vuelve a sucumbir a los intereses especulativos, al ladrillo y la depredación del litoral, mientras el talento se exilia o languidece ante la falta de recursos y la miopía del Gobierno.