Sería un milagro que una comisión parlamentaria de investigación sirviera para algo. Hubo muchas en estos años de democracia y casi ninguna ha conseguido llegar a conclusiones que aportaran algo solvente a las instrucciones judiciales. Para empezar, solo son posibles esas comisiones cuando las permite la mayoría gobernante. Si esa mayoría es absoluta y la intención es investigar algo que le afecte o le pueda perjudicar, se cierra en banda y no permite su constitución. Y si esa mayoría no es absoluta, se fracasa porque los diputados, sean nacionales o autonómicos, no tienen información suficiente. O algo peor: las conclusiones se elaboran por votación. Es una verdad proclamada por votos y los votos dependen de la militancia.
Acaba de ocurrir en Cataluña con la esperadísima comparecencia del señor Artur Mas para hablar del escándalo Pujol y las andanzas de su familia. Miren que se había creado expectación. Miren que se llegó a calificarla como «histórica», porque nunca un presidente de la Generalitat había sido llamado a declarar. ¿Y cuál fue el resultado final? Que, después de cuatro horas y media de preguntas y respuestas, sabemos lo que sabíamos. La única novedad es que el señor Mas conocía la cuenta de su padre en Liechtenstein desde los años 80. ¡Pobre resultado informativo para tan larga charleta parlamentaria! Y miren ustedes los periódicos de ayer: la relevancia de los diputados que actuaron como fiscales se mide por la dureza de sus palabras, no por lo que hayan arrancado de confesión. La frase de mayor éxito ha sido la de Alicia Sánchez Camacho (PP) al llamarle a Mas «el octavo hijo de Pujol». Si este fue todo el balance, es que se ha perdido el tiempo.
El problema es de fondo: se hacen comisiones de investigación sin medios suficientes para investigar. Se limitan a convocar a gente y hacerles preguntas. Se basan en informaciones publicadas en la prensa, sin aportación de datos nuevos. No presentan un documento, ni una prueba, ni nada que permita hablar seriamente de investigación. Si el declarante es un hábil administrador de palabras y silencios, le basta con negarlo todo o decir lo que dicen todos: que no saben, no han visto, no es asunto suyo y siguiente pregunta. Lo que se lleva en España es que nadie sabe nada ni ha visto nada, desde los pagos de los ERE de Andalucía a las andanzas del clan de los Pujol, pasando por los dineros de formación o las dignísimas esposas que tanto se fiaban de sus maridos. Menos mal que nos queda la UDEF, eso que Pujol se preguntaba qué coño es. Menos mal que nos queda la Justicia, que es lenta, pero acaba por llegar. Si nos tenemos que fiar de lo que se hace en los dieciocho parlamentos del país, vamos apañados.