Por unas razones u otras, sanguinarios terroristas van saliendo de la cárcel. Unos, por la doctrina Parot; otros por el cómputo de los años cumplidos en Francia; un tal Plazaola porque se fugó cuando lo iban a devolver a la trena, y el último caso es de Valentín Lasarte, que participó en diez asesinatos (entre ellos el de Gregorio Ordóñez), fue condenado a 400 años a la sombra, cumplió 19 y es un hombre libre por la aplicación de los beneficios penitenciarios de la vía Nanclares, que busca que haya más etarras arrepentidos que convictos. Su salida ha vuelto a provocar la indignación de las víctimas. Pagó 19 años por un asesinato y los demás le salieron gratis.
Saldrán más y hemos de hacernos a la idea. El paso del tiempo hace que se vayan cumpliendo las condenas. Pero no estamos preparados para eso, y el menos preparado es el Gobierno, que siempre es el primero en escandalizarse y en contagiar el escándalo al resto de la sociedad. Miren: no hay nada más justificable que la indignación de las víctimas; pero no se entiende cómo el ministro del Interior se queja de los pocos años que Lasarte ha cumplido en prisión. Y se entiende aún menos que el ministro de Justicia se lance al ruedo a mostrar su «perplejidad» por la excarcelación.
Ni el señor Fernández ni el señor Catalá son comentaristas políticos. Son miembros, y miembros importantes, del Gobierno. Tienen a sus órdenes equipos de asesores que les pueden ayudar a construir un discurso un poco más sólido. Tienen cauces de información que les pueden alertar de que los jueces estudian la salida de un preso. Y tienen equipos jurídicos (incluida la Abogacía del Estado) que pueden construir una respuesta legal. Si hubieran querido, habrían recurrido la liberación de Lasarte. Hubieran alegado algún delito nuevo, como el de falso testimonio que recordó Consuelo Ordóñez. Y hasta habrían anulado la vía Nanclares. No solo no han hecho nada de eso, sino que con sus reacciones lanzan veladas sospechas sobre unos jueces que parece que arden en deseos de sacar etarras a la calle. Es grave.
A los ministros les ocurre que hablan para su público. Saben que una crítica de las víctimas del terrorismo les resta votos. Y saben que, si Rajoy acusó a Zapatero de traición a esas víctimas, ahora el traidor no puede ser ni parecer Rajoy. Por esos condicionantes los ministros hacen que la Justicia vaya por un camino y la política por otro y renuncian a una labor de pedagogía difícil, pero necesaria. No es serio que la atención a la clientela partidista sirva para alimentar la indignación de un sector. Si la vía Nanclares es injusta, anúlenla o rectifíquenla. Si es justa o razonable, no hagan de ella un electoralismo tan elemental.