La reciente Conferencia de presidentes de las Comunidades autónomas para conseguir un acuerdo que cierre en este año la financiación autonómica es muestra de la cultura del diálogo y del pacto, la nueva enseña del Gobierno. No es un órgano constitucional, pero de algún modo se la presenta como un sucedáneo del Senado en cuya sede se celebró. Se le ha atribuido un marcado carácter político al querer visualizar la estructura igualitaria de las Comunidades Autónomas. De una manera subliminal se trata de presionar contra la bilateralidad planteada singularmente por la Generalitat. En ese sentido se ha puesto énfasis en que los acuerdos que se adopten se aplicarán a todas las Comunidades autónomas aunque, con una achacable falta de educación democrática, no hayan asistido a la reunión. Es obvio que no podrán rechazarlos; pero lo que llegue a acordarse no resuelve el problema. Una relación bilateral se mantendrá con el País Vasco a cuenta de la fijación del cupo del concierto y contraprestación para el apoyo al gobierno en los Presupuestos. Por lo que se refiere a Cataluña una cierta bilateralidad se ha iniciado por la Vicepresidenta; la compensación por lo no conseguido puede lograrse, al margen del acuerdo surgido de la conferencia, de la mano de inversiones estatales; y no es seguro que de ese modo se pare la deriva secesionista. Las sucesivas modificaciones de la ley de 1980 han puesto el acento en la corresponsabilidad fiscal, cediendo a las comunidades autónomas un importante cesto de tributos estatales, incluso con la posibilidad de recargarlos.
A ellas corresponde, como ha reconocido el Tribunal Constitucional, adoptar sus propias políticas en función de sus circunstancias específicas. Es su responsabilidad de cara a los ciudadanos, también del Estado, para hacer real la autonomía. Desde esa perspectiva, resulta fuera de lugar proponer una igualdad o una armonización fiscal. Esa pretendida igualdad no debe servir, en ningún caso, para enmascarar gastos manifiestamente discutibles y aventuras políticas, que de todo ha habido a lo largo de estos años. La igualdad ha de procurarse por otras vías. A ello responde el Fondo de Compensación previsto constitucionalmente con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales de carácter estructural y hacer efectivo el principio de solidaridad que justifica la existencia del Estado. La financiación estatal ha de asegurar el nivel mínimo, actualizado, en la prestación de los servicios fundamentales por las comunidades. Para ello habrá que calcular su coste estándar, incluidas singularidades objetivas, especialmente en materia sanitaria y dependencia. Esa es la madre del cordero. La igualdad básica en cualquier punto del territorio no puede quedar al albur de que existan ciudadanos de primera o segunda.