Ante el reto secesionista

OPINIÓN

03 jun 2017 . Actualizado a las 11:05 h.

La celebración o no de un referendo convocado unilateralmente para que el pueblo catalán decida sobre la independencia de Cataluña es el punto crucial en que se encuentra el procés hacia la secesión. No existe duda alguna de que esa iniciativa es inconstitucional. Mucha menor duda cabe de que lo sería la declaración de independencia anunciada para el caso de que se impida ese referendo, ya que el derecho a la autodeterminación fue expresamente rechazado. El Gobierno ha afirmado de un modo contundente que se emplearán todos los medios, se entiende, legales, para impedirlo; que no va a repetirse lo del 9N, en una subliminal conciencia de que hubo desacierto. Sería erróneo interpretar esa contundencia como si se bastara él solo para detener el referendo y menos entender el conflicto al estilo de un OK Corral. Es el Estado el que se defiende del intento de amputación. Por eso es elogiable el apoyo manifestado por el renacido secretario general del PSOE al presidente del Gobierno. Por tratarse de una cuestión de Estado, tanto desde el punto de vista jurídico como político, he defendido que sería conveniente tratarla en el Congreso de los Diputados, si es posible antes de la moción de censura. Del Estado es la competencia para autorizarlo, aunque sea de carácter consultivo. 

Las recriminaciones, de las que no está libre el PSOE, no tienen sentido ahora, como tampoco son oportunas propuestas de reforma de la Constitución, una vez que los secesionistas han emprendido un camino sin retorno. Tuvieron su momento y pueden tenerlo en el futuro. La modificación del artículo segundo de la Constitución para definir al Estado en clave federal y además como «nación de naciones», con el objeto de proporcionar el encaje de Cataluña, ni es viable por la exigencia de la mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado, ni necesaria para ese propósito.

Resulta reconfortante comprobar para quienes hemos estado en contra de la interpretación de las autonomías como «el café para todos» que en la doctrina científica empiece a valorarse la introducción de nacionalidades y regiones en el citado artículo. En diarios acaba de publicarse que «nuestro poder constituyente sabía lo que se hacía», y se ha afirmado que, cuanto antes, hay que reformar la Constitución y convencer a la mayoría de los españoles que dos comunidades «tendrían que tener una situación constitucional diferenciada de alguna manera». Curiosa propuesta porque el problema no procede de la Constitución, sino de cómo se ha aplicado. Introducir el término nacionalidades no fue fácil. Tuvo inspiración en el informe de una Royal Commission en el Reino Unido, donde el federalismo no es bien visto y donde conviven selecciones deportivas de Inglaterra, Escocia y Gales. La Constitución de 1978 rechazó el federalismo como hizo la de 1931. No hubo engaño en lo que significaban: son «naciones sin Estado». Así se explicó; otra cosa es que no quiera entenderse y se hayan desvirtuado al generalizar su uso.