Los sondeos sobre las elecciones en Cataluña arrojan una preocupante incertidumbre. Ni los constitucionalistas, ni los soberanistas tendrían la mayoría en el Parlament. Cataluña en Comú Podem queda como un tácito árbitro para formar gobierno o repetir elecciones. No deja de sorprender que después del fracaso del procés, reconocido por sus principales protagonistas, y de las negativas consecuencias sociales y económicas que ha acarreado, reiteradamente manifestadas a la opinión pública, los llamados soberanistas sigan disputando la mayoría relativa o la absoluta en el futuro Parlamento. Si la consiguiesen, la explotarían como una confirmación de la legitimidad de las urnas que habría sido negada por la aplicación del artículo 155. Una agudización del problema. De ahí la importancia de la convocatoria del 21D.
Así las cosas las combinaciones que pueden aventurarse son rocambolescas y revelan un discutible interés general de los protagonistas. Recuerda una celebrada frase del popular Portomeñe tomando como referencia el Parlamento de Galicia: «Todos veñen polo seu, menos eu», y después de un pausa continuaba que «vou polo meu». Los constitucionalistas distan de ser un bloque. Iceta no está dispuesto a apoyar a Arrimadas si es la más votada del trío; a Albiol ni se le espera. No apoyará a un independentista, pero no rechazará que le voten los de En Comú Podem y ERC a los que ha lanzado guiños. Hasta podría constituir un anticipo de un planteamiento general. ¿Asumirá Podemos la carga de permitir la repetición de las elecciones?
El 155 tuvo un efecto decisivo para fulminar cualquier intento de declarar unilateralmente la independencia. No tengo la menor duda de su constitucionalidad. Aunque procede de la Constitución alemana se introdujo atentar gravemente al interés de España y, por tanto, permite no solo dar instrucciones a la Comunidad autónoma para que cumpla sus obligaciones. Pero, como sucede en el ámbito de la salud, un tratamiento radical, curativo, puede tener efectos secundarios. Es lo que ha producido la convocatoria de elecciones para el 21D, en la que tanto interés tuvieron C’s y PSOE. Esa premura no figuraba en las medidas propuestas al Senado por el Gobierno que fijaban un plazo máximo de seis meses para llevarla a cabo. Un tiempo que podría permitir aclarar la actual situación de candidatos electos fugitivos y en prisión y aminorar las pulsiones actuales de los independentistas, sobre todo si como se propuso al Senado las funciones del Govern corresponderían a los órganos o autoridades que crease o designase el Gobierno de la Nación, por ejemplo un alto comisionado de reconocido prestigio.
Ahora el primer rifirrafe será sobre quién presida el Parlament, con la competencia de proponer candidato. Transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura sin que haya prosperado el Parlamento quedará disuelto y se convocarán elecciones de inmediato que tendrán lugar entre 40 y 60 días después de la convocatoria. Un tiempo desperdiciado.