«Cien años de honradez»: no es en absoluto casual que ese fuera el lema de presentación del Partido Socialista ante la sociedad cuando España recuperó la democracia. Y no lo es porque el PSOE ha fantaseado siempre con su supuesta superioridad moral sobre todos los demás. Para los socialistas el suyo es el partido de la honestidad por definición, mientras sus competidores, por la derecha o por la izquierda, deben demostrar la suya a cada paso.
«Ni Flick, ni flock» dijo González en el Congreso para eludir toda responsabilidad en el primer caso de corrupción que afectó al PSOE después de 1977. Aunque absuelto políticamente por la mayoría de la cámara en 1985, aquella victoria iba a acabar, andando el tiempo, en un auténtico desastre. Y es que una formidable ola de desatada corrupción envolvió el final de la larga etapa de gobierno socialista (1982-1996), demostrando una verdad tan vieja como el ejercicio del poder: que cuando los frenos y contrapesos que lo limitan se relajan, la aparición de la corrupción es prácticamente inevitable.
La comprensión del caso de los ERE, cuya primera sentencia por fin se ha conocido, solo puede situarse en ese contexto político preciso: el de un partido que controló el poder regional entre 1982 y 2018, es decir, a lo largo de casi cuatro décadas, durante parte de las cuales tuvo también en sus manos el gobierno central y gran porción del poder local en Andalucía. Es difícil encontrar en Europa un caso comparable de ejercicio del poder, en duración y en extensión.
Una y otra explican la enorme envergadura del escándalo de corrupción que se conoce bajo la sigla de los ERE, en el que se juzgan las ayudas públicas otorgadas de forma ilegal por la Junta de Andalucía durante un década por la descomunal cifra ¡680 millones de euros! y el que están implicados, además de los dos ex presidentes de la Junta ayer condenados, seis ex consejeros -entre ellos la ex ministra Magdalena Álvarez- y 13 ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre los que figuran ni más ni menos que el entonces jefe de los servicios jurídicos de la Junta.
Lo sentenciado es demoledor, dada la trayectoria política de los principales condenados: Griñán, además de presidente de la Junta de Andalucía (2009-2013), fue presidente del PSOE, dos veces ministro del Gobierno de España y diputado y senador en las Cortes Generales; Chaves, presidente de la Junta andaluza entre 1990 y 2009, ha sido también presidente del PSOE, diputado, dos veces vicepresidente y tres ministro del Gobierno de España.
Si Pedro Sánchez censuró a Rajoy por una condena menor, en un asunto en el que nada tenía que ver y del que el pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional eliminó después los aspectos que afectaban a la supuesta financiación del PP, debería ahora explicarnos por qué el presidente en funciones cree que una sentencia tan devastadora para el PSOE lo deja a él libre de cualquier responsabilidad.