Ayer conocimos la sentencia de José Enrique Abuín, más conocido como el Chicle, por el asesinato de Diana Quer: prisión permanente revisable, la pena máxima que contempla el Código Penal español. La Audiencia Provincial de A Coruña así lo ha dictaminado tras conocer el veredicto del tribunal popular.
Recursos mediante, esta sentencia supone el final de uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años, que más páginas ha llenado en periódicos y horas en los platós de televisión. En muchas ocasiones, no siendo abordado de la mejor manera posible y realizando un juicio paralelo, algo en lo que nunca se puede caer, ya que debe ser el sistema judicial el único que se encargue de estas lides. Y más cuando se demuestra, también en esta ocasión, que dicho sistema funciona.
El derecho a la defensa es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, incluso aún siendo culpables. Por desgracia esto es algo que en muchas ocasiones se ignora y seguro que quienes lo niegan no lo harían en el caso de ser ellos quienes se sentaran en el sillón de los acusados. Si no se puede tener acceso a un abogado, en España este derecho se garantiza mediante el turno de oficio, un privilegio de valor incalculable que desempeñan miles de abogados en este país.
En este caso, la defensa de José Enrique Abuín recayó en una abogada del turno de oficio de Ribeira, nuestra compañera Fernanda Álvarez Pérez, quien ha sido, es y será un ejemplo del buen hacer de la abogacía. Porque, por cumplir con su cometido, ha sido criticada por defender de oficio a un acusado y ha sido injustamente tratada por una buena parte de la sociedad y por parte de los medios de comunicación. Se han llegado a publicar datos personales y familiares que corresponden a su intimidad y vida privada, e incluso ha sido insultada, cuando realmente tenía que recibir agradecimientos: ella ha demostrado que en este país se tienen las mejores garantías judiciales, y eso es algo que el resto de los ciudadanos tenemos que valorar y reconocer. Estoy convencido de que quienes la criticaron la querrían como abogada si mañana tuvieran ellos un problema legal. Hasta el presidente del tribunal ha elogiado su labor reconociéndole «un profundo estudio de la causa y la capacidad de suscitar alternativas inteligentes».
Este caso, su desarrollo y su sentencia final traen una importante reflexión sobre la que tenemos que ahondar: el sistema judicial funciona. Ha demostrado que se han de mantener las garantías y derechos de las partes, para que se imparta la justicia pertinente. No son necesarios ni el odio ni los juicios paralelos para ello, estos atributos no tienen que tener cabida en el sistema porque entonces no sería justicia; sería otra cosa y no sería justo, algo que en un estado de derecho no tiene lugar.
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