A estas alturas todos los tribunales constitucionales europeos, los gobiernos y los bancos centrales de cada país estarán estudiando con lupa y digiriendo la sentencia del TC alemán sobre el programa de compra de bonos por parte del sector público que emitió el BCE en el 2015. Hasta ahora el BCE ha emitido dos billones de euros y tiene en ciernes la emisión de otro billón para paliar la crisis económica del coronavirus.
El TC alemán ha dicho, en síntesis, que la operativa del Bundesbank y el Gobierno germano, en este terreno, no es compatible con los requisitos de la ley europea. Sin embargo, no censura el principio de la compra de bonos. Lo que argumenta en la sentencia es que el BCE no ha verificado correctamente la proporcionalidad de sus medidas, que las considera básicas, y afectan a todos los ciudadanos de la UE. Al BCE le está diciendo que tiene que hacer política monetaria no económica porque esa la hacen los gobiernos; al Gobierno y al Bundestag les insta para que solucionen esa omisión del BCE; y al Bundesbank le paraliza la compra de esos bonos a partir de tres meses, si antes no se ha clarificado dicha omisión. Nada más y nada menos.
El gigante europeo ha despertado y, además, lo ha hecho en plena crisis del coronavirus. Los jueces de Karlsruhe -la ciudad de la Justicia alemana, por cierto con la misma bandera que la española- han sentenciado: no vale cualquier decisión económica por muy loable que parezca. Se tiene que tener en cuenta el derecho, las leyes, la Constitución federal, porque así se respeta al ciudadano y así se defiende la democracia. Creo que es una sentencia valiente y que nos ejemplifica a los europeos la senda de lo que es la defensa de la democracia: la división de poderes y el control por parte de cada uno de ellos de los otros dos para que el sistema sea sano. Estoy convencido de que antes de emitir esta sentencia los constitucionalistas que la han debatido han tenido muy en cuenta el principio ultra viris para no transgredir las competencias de la UE. Me ilustraría, en este sentido, conocer el punto de vista sobre este particular -más docto que el mío- del vecino de otra de las habitaciones de esta casa, el catedrático constitucionalista Roberto Blanco Valdés.
En una sentencia histórica de más de cien páginas, los juristas alemanes han hablado claro, por primera vez, sobre el BCE y contra la relajación del Tribunal de Justicia Europeo en esta materia, ante las decisiones de la autoridad bancaria con sede en Fráncfort. Otras veces el TC alemán ha callado, ahora no. Lo que ha hecho es proteger los derechos fundamentales de los alemanes, basados en jurisprudencia, y especialmente el principio de democracia. También es un aviso a navegantes. Una política monetaria acertada previene desastres, pero una política equivocada puede ser nefasta para la Unión Europea. Algún gobierno quizá tenga la tentación de creerse que las ayudas del BCE podrían ser la panacea para salvar de esta crisis sus políticas fiscales y presupuestarias.