Afirmaba Bernabeu, con evidente retranca, que él «quería mucho a Cataluña, a pesar de los catalanes». Aquella boutade de don Santiago parece inspirar la relación del actual Gobierno de España con Galicia, empeñado en preservar el paisaje gallego a toda costa, aun cuando esto suponga poner en riesgo el futuro de miles de trabajadores de esta comunidad autónoma.
Galicia se ha convertido en el conejillo de indias del ministerio de intransigencia ecológica, que defiende que nuestro país reduzca las emisiones contaminantes a mayor ritmo que nuestros competidores europeos, aunque eso suponga el cierre de industrias esenciales como Alcoa, la central de As Pontes o Ence, que ya han realizado importantes inversiones para adaptarse a la normativa medioambiental europea.
El Gobierno de España ha fijado ahora su atención en nuestras rías e, incumpliendo sus promesas, ha retomado la reforma del reglamento de costas, colándola en el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, para limitar la duración de las concesiones en dominio marítimo-terrestre, abocando al cierre a más de un centenar de empresas de la cadena mar-industria gallega, y condenando al paro a los miles de mujeres y hombres que trabajan en conserveras, cetáreas y depuradoras. Nuestra costa es mucho más que una bonita postal. Es parte intrínseca de la forma de vida de los gallegos. Y, por supuesto, no renunciamos a su conservación, ni a corregir errores y excesos del pasado, pero siempre a través de procesos razonables de transición ecológica, y no mediante una abrupta modificación jurídica que se lleve por delante el proyecto de futuro de miles de familias gallegas.
La reforma planteada afecta a más de 5.000 edificaciones, entre las que se incluyen colegios, centros de salud o depuradoras. Abordar una modificación de este calado sin el consenso de los sectores afectados es una insensatez. Hacerlo por la puerta de atrás, y en pleno proceso de desescalada del covid-19, es una cobardía impropia de un gobierno democrático que, por fortuna, aún se puede evitar.
Señor Pedro Sánchez, si quiere proteger Galicia, detenga este tsunami y escuche a los gallegos.