Hasta ahora, en España estábamos acostumbrados a que la tramitación de los Presupuestos se convirtiera en un espectáculo poco edificante mediante el cual los partidos nacionalistas e independentistas arrancaban al Gobierno, rebanada a rebanada, privilegios para sus respectivos territorios a cambio de su voto a favor. La consecuencia de esa tómbola eterna, en la que el premio gordo siempre les tocaba a los mismos, es que las inversiones del Estado en Cataluña alcanzan un volumen absolutamente desproporcionado respecto al resto de autonomías. Y también, que los ciudadanos del País Vasco sean unos privilegiados respecto al resto de españoles, de manera que, gracias a un Cupo que se calcula siempre con las cuentas del PNV, cada vasco reciba al año más del doble de financiación por parte del Estado que un gallego y el triple que un valenciano.
Se trata de un agravio escandaloso al que, sin embargo, a fuerza de repetirse, el resto de españoles está ya acostumbrado. Lo que sí constituye una novedad es que los independentistas no se conformen ya con arrancar privilegios, sino que impongan un castigo al resto de españoles. Y eso acaba de suceder. A cambio de apoyar los Presupuestos, ERC exige que se obligue a las otras autonomías a subir los impuestos que tienen cedidos. El Ejecutivo no solo lo acepta, sino que creará un «comité bilateral» con ERC para esa reforma. Como resultado, serán los republicanos catalanes los que decidan qué impuestos tiene que pagar un gallego o un madrileño por sucesiones, donaciones, patrimonio o transmisiones patrimoniales.
Semejante esperpento se explica por el hecho de que la desastrosa gestión política y económica de los independentistas catalanes no solo ha hecho que la que era una de las regiones más prósperas de Europa tuviera que ser rescatada con 70.0000 millones de euros del Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), sino también que Cataluña soporte un régimen fiscal de terror para sufragar los delirios secesionistas, incluidos embajadas y referendos ilegales. En Cataluña, el IRPF para las rentas bajas es el más alto de España. Cataluña es la única que ha subido los impuestos en plena pandemia. Y Cataluña es la comunidad que más impuestos propios tiene, con hasta 18 figuras tributarias singulares.
Lo que el independentismo pretende hacernos creer es que el desastre económico en Cataluña, que ha hecho que Madrid le haya superado ya como locomotora económica, y la sangría fiscal que soportan los catalanes, no se debe a su incompetencia, a su derroche en propaganda separatista, a su corrupción o a que las grandes empresas huyan despavoridas por la inseguridad jurídica instaurada durante el procés, sino a que otras autonomías bonifiquen el impuesto de sucesiones o el de patrimonio. Ver a los independentistas, que siempre abominaron del café para todos y exigieron gestionar todos los impuestos, convertidos de pronto en campeones de la recentralización fiscal y pidiendo que las autonomías pierdan competencias sería cómico si no fuera porque el chiste lo pagan todos los españoles.