Vamos a ver: ¿en qué parte de sus cuerpos tienen los ministros metidos los sensores para captar los estados de opinión que suscita la falta de un plan jurídico para enfilar la recta final de la pandemia? ¿Qué significa para ellos, y en concreto para su presidente, que se esté hablando de caos y desorientación? ¿Qué importancia dan a la inseguridad jurídica que inmoviliza a los gobernantes autonómicos? ¿Cómo valoran las discrepancias de criterio de los tribunales a la hora de autorizar o no las medidas que proponen esos gobernantes? ¿Qué juicio hacen de su tarea informativa, tras escuchar que un comunicador como el doctor Fernando Simón se sienta decepcionado y fracasado tras los espectáculos de fiestas y provocación a los contagios vistos el pasado fin de semana en bastantes lugares de España?
No tengo respuestas a esas preguntas, pero sí alguna impresión. Primera, que el presidente está tan engreído que es incapaz de rectificar el error de liquidar el estado de alarma sin un plan alternativo. Segunda, que los miembros del Gabinete carecen de guion para explicar su indolencia, y por eso caen en contradicciones que los sitúan en la antesala del ridículo. Tercera, que el partidismo hizo su entrada en el debate y está convirtiendo la lucha final contra la pandemia en un asunto casi ideológico. Y cuarta, que alguien sentiría regocijo si subieran los contagios en Madrid, solo para justificar el discurso de que los ciudadanos se equivocaron al votar a Díaz Ayuso. Esto último es terrible, pero el tono y los decibelios del ataque a la presidenta madrileña sugieren, lamentablemente, esa conclusión.
Y eso ocurre por lo más simple: porque el Gobierno aceptó y quiere imponer su solución mágica, que consistió en decir que, a partir del estado de alarma, sean las autonomías las que gobiernen la crisis sanitaria, que para ello disponen de instrumentos suficientes. Ni una palabra más. Ni una sugerencia de cuáles son o pueden ser esos instrumentos. Y así hemos escuchado una cascada de contradicciones que no hacen más que aumentar la desorientación: una vicepresidenta que cree que las autonomías pueden justificar decisiones de confinamiento o de toque de queda; un ministro de Justicia que asegura que basta una petición de un presidente autónomo para que se declare un estado de alarma regional; unos jueces que aceptan el confinamiento territorial o el toque de queda en Baleares o la Comunidad Valenciana, pero los rechazan en Canarias o el País Vasco.
¿Es esto responsabilidad en la gobernación del país? ¿Es esto seguridad jurídica? Es lo contrario. Y todo, según sugiere la ministra Darias, porque antes hubo muchas críticas a la duración del estado de alarma. Y todo, porque no hubo el pequeño gesto de señalar cuáles son los instrumentos jurídicos suficientes de las autonomías. Y todo, por una increíble exhibición de orgullo. No merecemos esto.