El pasado 21 de octubre publiqué en estas mismas páginas un artículo con motivo de las declaraciones de Arnaldo Otegi, en las que expresó su «pena» por el sufrimiento padecido por las víctimas y, sin condenarlo, lamentó que «todo aquello» se hubiera «prolongado tanto en el tiempo». Señalé que se trataba de una maniobra que formaba parte de un proceso organizado para blanquear a EH Bildu. Y advertí de que decirle a Otegi que no sería reconocido como un demócrata más hasta que acabaran los homenajes a los etarras era asumir ese blanqueo. Sostenía entonces, y perdón por la autocita, que «sería conveniente que ni siquiera las víctimas caigan en el error de asumir el discurso del Ejecutivo de que el paso dado por Otegi es insuficiente porque antes es necesario que pidan perdón y cesen los ongi etorris a los asesinos. Lo que equivale a decir que, cuando eso suceda, será suficiente». «Ten cuidado con tus deseos porque se pueden cumplir, dice el proverbio», concluía.
Pues bien, ese deseo que algunos expresaron cándidamente como el último paso exigible para admitir a los herederos de ETA en el club de la democracia se ha cumplido. El colectivo de presos, cuya existencia misma demuestra que sigue habiendo una organización jerárquica, anuncia como una gran concesión que los asesinos que son excarcelados quieren seguir siendo homenajeados, pero ahora de forma «discreta», refiriéndose con el máximo cinismo a los más de 800 inocentes que mataron como «personas damnificadas a consecuencia de las acciones de nuestra militancia del pasado». Pero ahí tenéis ya lo que pedíais. Y ahora, ya está justificado gobernar España con Otegi como socio, sostienen algunos con descaro.
Alguien que ha estado en la cárcel por ser un atracador de bancos tiene todo el derecho a reinsertarse en la sociedad una vez que ha cumplido su condena. Pero eso no significa que haya que nombrarlo gobernador del Banco de España. Del mismo modo, alguien que ha sido condenado por secuestro, como Otegi, y que ha atacado la democracia hasta el punto de convertirse en miembro de una organización terrorista que asesinó a ochocientas personas inocentes, tiene derecho a reinsertarse en la sociedad. Pero eso no significa que merezca que le demos un ongi etorri, ni que haya que aplaudir que gobierne España como socio del Ejecutivo.
Algunos quieren imponer a las víctimas una ley del olvido sobre todos los crímenes perpetrados por ETA. Y no solo les exigen que acepten con normalidad que les gobiernen los herederos de la banda, sino también que dejen de señalarnos por lo que hicieron en el pasado, porque eso constituye una muestra de rencor. Pero los mismos que exigen esa amnistía moral a los terroristas y sus cómplices son los que impugnan la ley de amnistía aprobada por una inmensa mayoría y quieren juzgar crímenes de personas ya fallecidas para reabrir así las heridas de la Guerra Civil. Al parecer, la concordia es necesaria y exigible entre víctimas y verdugos, pero inaceptable entre los españoles.