La desfachatez de algunas no tiene límites y, al sentirse respaldadas por el sector podemita del Gobierno Frankenstein, esta aumenta día a día hasta límites insospechados. Juana Rivas, condenada en su día por sustracción de menores a cinco años de cárcel, que el Tribunal Supremo redujo en posterior sentencia a la mitad, y luego indultada parcialmente por el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que le permitió no entrar en prisión y recuperar la patria potestad de sus hijos, se querella contra el juez de Granada que la condenó en primera instancia. Ni más ni menos que lo hizo por prevaricación y maltrato institucional y, aún encima se salva, por exonerarla de ello el TSJA, de la multa de 5.000 euros que solicitaba el ministerio fiscal por abuso de derecho. Teniendo en cuenta lo kafkiano de esta acción judicial, ya que siendo el abuso de derecho la fuente de una obligación de resarcir los daños ocasionados cuando alguien excede los límites en el ejercicio de un derecho, a mí entender esa multa se debería haber impuesto. La Justicia es seria y no está para que al primero que no se le dé la razón se querelle, ni más ni menos que por prevaricación y maltrato institucional. Si en vez de ser Juana Rivas, protegida por no sé qué extraña razón de la ministra Irene Montero, fuese Juan Pérez, nada de esto se hubiese producido, ya que no existiría la más mínima posibilidad de que lo indultaran. Tolerancia cero contra la violencia de género. Ayuda total a la mujer maltratada. Pero cuando una madre comete una tropelía, el mismo castigo que a un hombre. Dura lex, sed lex.