A finales del año 2021 se aprobó la reforma laboral, que modificó las diversas modalidades contractuales que se aplicaban en nuestro país, con el objetivo de garantizar la estabilidad en el empleo, reducir la temporalidad injustificada, instaurar la contratación indefinida como norma y combatir la precariedad de las relaciones laborales.
Transcurrido un año de la entrada en vigor de la norma, la principal repercusión ha sido el incremento de la contratación indefinida. Así lo avalan los datos estadísticos publicados por el SEPE en noviembre del 2022: el porcentaje de contratos indefinidos con respecto al total de realizados osciló entre un 8,45 % y un 14,76 % entre los meses de enero y diciembre del 2021, y entre el 39,47 % y el 48,18 % entre abril y noviembre del 2022.
Paralelamente, el volumen de contratos temporales se ha reducido significativamente, fundamentalmente, debido al acotamiento de las causas por las que se pueden suscribir este tipo de contratos, a la reducción del período de duración de los mismos, a la vigilancia y control efectuada por la Inspección de Trabajo y al incremento del importe de las sanciones por fraude en la contratación.
La supresión del contrato temporal de obra y servicio, que ha quedado reducido a los trabajadores del mundo artístico, y la conversión del contrato temporal de obra o servicio, propio del sector de la construcción, en un contrato fijo de obra han contribuido enormemente a la reducción de los temporales.
Mención especial merece el fijo discontinuo, la estrella de la reforma y el gran olvidado por el legislador. Se apostó todo a la negociación colectiva, pero un año después nos encontramos sin herramientas para formalizarlo, quedando hasta ahora en una promesa fracasada de inicio. Pese a ello, desde la aprobación de la reforma, el volumen de contratos fijos discontinuos ha crecido, convirtiéndose muchos de los contratos por circunstancias de la producción o por obra y servicios en esta modalidad contractual. No obstante, todavía siguen siendo una opción minoritaria. Esta modalidad contractual ha sido empleada durante el 2022 por las empresas de hostelería y curiosamente para los contratos de los más jóvenes.
Y toma fuerza el período de prueba, antes casi desconocido, y ahora frecuentemente utilizado por las empresas para extinguir los contratos.
En definitiva, todavía es pronto para valorar los efectos de la reforma. Habrá que esperar para ver cómo evoluciona el mercado laboral y si se alcanzan los objetivos pretendidos.