Ser lector permite con frecuencia compartir reflexiones con las que es posible identificarse. Tal ha sucedido con la entrevista —profunda, clara y concisa— de Antonio Abril, abogado del Estado, empresario y presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades de España y también del Consello Social de la UDC en La Voz de Galicia.
Hace años que no dedicaba atención a la política universitaria. Los debates y movilizaciones en torno al plan Bolonia y su regulación permitieron al lobi universitario lograr incluso el cambio de la estructura del gobierno en 2007, recreando de nuevo un Ministerio de Universidades y logrando que el ministro fuera el hoy Valedor del Pueblo y entonces presidente de la CRUE (una asociación sin ánimo de lucro de los rectores y exrectores españoles). El propio plan Bolonia y su regulación definitiva anunciaban ya que el interés por la política universitaria se limitaría a las evoluciones de los gobiernos corporativos, los tiras y aflojas para la financiación con los gobiernos autonómicos respectivos y una evolución imposible en su gobernanza, organización y eficacia.
Aun así y con tales certidumbres, confirmadas por la retirada del ministro Manuel Castell ante las presiones corporativas, uno se asombra también de que el proceso dirigido por el ministro Joan Subirats, se haya desarrollado con tan escaso debate social y político hasta la reciente aprobación de la ley de universidades. Por ello civilmente conforta que personas implicadas en la política y organización universitaria definan de forma precisa los errores y males que desde su conocimiento y experiencia aquejan a la gestión universitaria, con especial énfasis en su gobernanza, incluido el propio control económico y financiero de las universidades.
Errores y males que también diagnostica y analiza Carles Ramió, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, que en su amplia y sugerente obra y sobre todo en el más reciente de sus libros La Universidad en la encrucijada coincide con Antonio Abril en considerar que la gobernanza «ha pasado una importantísima factura a la excelencia de la universidad». Sorprende también que tanto Abril como Ramió llamen la atención sobre las características duales, a decisión de las propias universidades, de la gobernanza universitaria en Portugal. Algo ya analizado en un estudio auspiciado por la Conferencia de Consejos Sociales, las Cámaras de Comercio de España y la Fundación CYD, en 2017.
Esta nueva ley, con mejoras indudables sobre la de 2001, mantiene una gobernanza limitada y deficiente en un tiempo en que las universidades públicas se encuentran por primera vez en una situación en la que se juegan su propia supervivencia. Incluida la competencia en la empleabilidad de la Formación Profesional o de las universidades privadas. Reflexiones y análisis para un debate que alcanza con dificultad a la sociedad civil.