Hace pocos días, el Eurogrupo confirmó lo que ya se daba por hecho. En el 2024 volverán las temidas reglas fiscales. O lo que es lo mismo, hay que volver a apretarse el cinturón y cuadrar las cuentas públicas. Es cierto que el grado de exigencia no será el mismo, al permitir planes de ajustes orientados al medio plazo adaptados a las circunstancias y situación de partida de cada uno de los 27 estados miembros que componen la Unión Europea.
La cláusula de escape, la cual ha permitido que, desde 2020, los gobiernos europeos hayan podido aplicar políticas fiscales expansivas para hacer frente a la pandemia y a las consecuencias de la invasión de Putin en Ucrania, será desactivada. El nuevo marco también sirve para combatir la inflación desde el presupuesto, y así coordinarse con la política monetaria.
El déficit público se sitúa, a falta de confirmación oficial, en torno al 4,5 % del PIB, mientras que la deuda pública se mueve alrededor del 115 % del PIB. Lo más plausible es pensar que en el 2023 la situación no mejorará. La explicación es que, en año electoral, los gobiernos de todos los colores apuran los últimos proyectos de inversión para atraer al máximo número de electores posibles. Es decir, este ejercicio será de transición.
El problema es que es ahora cuando hay que levantar la mirada hacia el medio plazo y orientar la política fiscal hacia la senda de la estabilidad presupuestaria. Simplificando la ecuación, hay dos maneras de equilibrar las cuentas: (1) o bien ingresamos más dinero a través de impuestos; (2) o bien reducimos el tamaño del sector público a través de recortes del gasto. No es una fórmula matemática sencilla, ya que existen muchas restricciones de tipo social y político que condicionan los equilibrios entre ingresos y gastos.
Por el lado de los dispendios, la evolución ha sido claramente ascendente. El sector público ocupa el 50 % de la producción anual del país, con un aumento de 8 puntos porcentuales desde el 2019. Muchos de los desembolsos realizados durante la pandemia deberían desaparecer, pero como han alertado diferentes instituciones, se han vuelto estructurales. En los tiempos que corren es difícil que la población acepte una reducción del gasto social o sanitario. Y en otras partidas en las que sí debería haber una mayor contención, como el de las pensiones, el Gobierno se carga la equidad intergeneracional con mayor gasto y cargas sociales.
Por el lado de los ingresos, no es posible obtener más sin tocar los grandes impuestos (IRPF e IVA), que es donde se encuentra el grueso de la recaudación. Pero el ganso no está dispuesto a que lo desplumen, todavía más, sin gritar. Y el Ejecutivo, en vez de tapar los agujeros del queso gruyer que es nuestro sistema fiscal, sigue poniendo parches que generan mucho ruido, pero nada más.
¿Hay solución? Sí, pero hoy parece lejana. La primera pregunta que nos debemos hacer es la de qué Estado queremos, uno grande con impuestos altos, pero con eficiencia recaudatoria y de gasto, o uno más limitado, y que sea atractivo para la inversión y la generación de empleo. Los partidos políticos deben plantear sus propuestas. Estas elecciones son una oportunidad para fijar el devenir de las cuentas públicas en los próximos cuatro años.