En Chile se han necesitado cincuenta años para establecer una condena a siete militares implicados en la tortura y el asesinato del cantante Víctor Jara. Cincuenta años desde que Pinochet implantara la dictadura. El primer contacto con los perdedores chilenos fue en 1975 a bordo del buque factoría Ribadeo, allá en los mares de Terranova, donde trabajaban dos personas que lograran huir del golpe de Estado.
En Chile, donde la dictadura no logró destruir el Estado, sí lo hipotecó con la Constitución de 1980. Esa Constitución ahormaba Chile en el marco del neoliberalismo de la escuela de Chicago, un neoliberalismo que se introducía en las venas de la sociedad chilena desamparándola de cualquier aspecto que se aproximara al estado del bienestar europeo.
Y ello en una sociedad con el mayor índice de desigualdad del mundo, superior al de la India, segregación de etnias y abundantes recursos naturales, como el cobre. Un recurso que, antes y después de su nacionalización, se gestionaba con la Ley Reservada del Cobre de 1958, secreta hasta el 2016. Una ley que establecía el uso de los beneficios del cobre a favor de las fuerzas armadas, independiente del control parlamentario y del Ejecutivo.
Fueron estas desigualdades y la carencia de un Estado benefactor lo que explica el estallido social en el 2019. Estallido social que se pretendió acotar con la convocatoria de una asamblea constituyente para la elaboración de una nueva Constitución, dado que ni siquiera los cambios introducidos por el presidente Lagos en el 2005 habían sido capaces de transformar el marco social y económico de Chile. La nueva Constitución fue rechazada por el 62 % de los votos, lo que obligó a un acuerdo de todos los partidos, excepto la derecha extrema pinochetista, para aprobar un nuevo sistema que elabore el nuevo texto constitucional. Con la curiosa conjunción de que las elecciones para esta nueva convención constitucional han dado una muy amplia mayoría al partido de la extrema derecha más próximo al pinochetismo, el Partido Republicano de José Antonio Kast. Un desplazamiento pendular de consecuencias por determinar cuando se someta a votación el nuevo texto constitucional propuesto por esa mayoría y haya nuevas elecciones.
Todo ello es poco sorprendente si se tiene en cuenta la impronta de Pinochet en la sociedad chilena, algo que vivimos en marzo del año 2000 trabajando en los laboratorios de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Nuestros colegas y amigos chilenos vivían con expectación y emoción el directo radiofónico del aterrizaje de Pinochet en el aeropuerto de Santiago de Chile, luego de 500 días arrestado en Londres. Una emoción desbordada al bajar a tierra. Pablo Larraín, en su reciente película El Conde, también en las anteriores Post Mortem o No, sostiene que el legado pinochetista pervive con fuerza en Chile. Ahora expresado en el auge de la ultraderecha de José Antonio Kast, tan reivindicadora del pinochetismo. Cincuenta años después, se asienta la incertidumbre de volver al inicio.