En defensa del litoral gallego y su actividad pesquera
OPINIÓN
Es de todos conocida la estrecha vinculación de Galicia con el mar. Para los gallegos el mar es una inmensa fuente de riqueza (genera más de 9.000 millones de euros anuales ) y de empleo (más de 50.000 directos). A lo largo de sus más de 1.600 kilómetros de costa se erigen 4.000 construcciones vinculadas en muchos casos a la acuicultura, el marisqueo, la transformación y la comercialización de pescado...
El reconocimiento de la importancia estratégica del sector marítimo pesquero y de la cadena mar industria alimentaria para Galicia y la sostenibilidad medioambiental, económica y social es el objetivo perseguido en la Ley de Ordenación y Gestión del litoral de Galicia ( Ley 4/2023 de 6 de Julio ) como claramente se recoge en su artículo 59. El párrafo 3 de este mismo precepto señala que en todos aquellos planes, proyectos o programas que pretendan llevarse a cabo en aguas del litoral de Galicia y sean susceptibles de provocar un impacto apreciable en el desarrollo económico y social del sector marítimo-pesquero, incluidos los proyectos de implantación de energía eólica marina cuando los aerogeneradores o las infraestructuras de evacuación eléctrica puedan incidir de modo apreciable en zonas de uso pesquero, marisqueo o acuícola del litoral de Galicia, será en todo caso preceptivo un informe de impacto económico y social.
El día 6 de noviembre el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de España contra la mencionada ley gallega ya que presuntamente invade competencias estatales: el régimen jurídico marítimo terrestre, la regulación de contratos y concesiones administrativas, normativa sobre marina mercante, pesca marítima, medio ambiente... y además reduce la protección de los terrenos contiguos a la ribera del mar. En total impugna 31 artículos (más del 40 % de la ley) y suspende parcialmente su aplicación.
Desde el sector mar-industria rechazamos totalmente la actuación del Gobierno central en esta materia por diversas razones, básicamente dos. Primera: porque esta ley fue elaborada por el Gobierno gallego fruto del dialogo y el consenso con los representante del sector y además fue aprobada por el Parlamento gallego sin ninguna oposición (con el voto favorable del PP y la abstención del PSG y del BNG). Y la segunda razón: el Gobierno central, amparándose en un dictamen del Consejo de Estado, recurrió la ley gallega ante el Constitucional sin previa negociación con la Xunta a través de la comisión bilateral.
En conclusión , no cuestionamos el posicionamiento del Tribunal Constitucional, aunque discrepamos de su interpretación puesto que, según nuestros juristas, estas competencias que asume Galicia están incluidas en nuestro Estatuto de Autonomía. Si no lo hubiéramos interpretado en este sentido hubiéramos actuado como otras comunidades (Cataluña, Baleares, Andalucía o Canarias) modificando el Estatuto.
Todo el sector pesquero, marisquero y la cadena mar industria consideramos esencial esta norma y el reconocimiento expreso del carácter estratégico de nuestra actividad para el desarrollo sostenible del litoral y la necesidad de dotarla de la máxima seguridad jurídica, como tuvimos ocasión de hacer público en el manifiesto de Santiago el 28 de octubre del 2023 Pola protección do sector pesqueiro, marisqueiro e da cadea mar industria e na defensa do litoral galego.
Por todo lo explicado, instamos al Gobierno central a reconsiderar su posición al respecto.