Sucesiones, un impuesto conflictivo y frustrante que debe desaparecer

OPINIÓN

Raúl Caro | EFE

20 nov 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

El Gobierno de Pedro Sánchez pretende homogeneizar el sistema tributario de las distintas comunidades autónomas, especialmente en lo que se refiere al impuesto de sucesiones, el cual es aplicado de forma distinta en los diecisiete territorios autonómicos.

Nosotros somos partidarios de la existencia de un sistema fiscal unitario, de conformidad con el principio de igualdad de todos los españoles proclamado por la Constitución (artículo 14). Nos inclinamos, además, por la tesis favorable a la desaparición del tributo de sucesiones, dado que el titular de los bienes sujetos a dicho impuesto ya ha venido soportando, durante toda su vida, una serie de gravámenes, tales como transmisiones, IRPF, IBI, etcétera, los cuales han recaído de forma, más que suficiente, sobre su ratio económica y que, en muchos casos, vendrían a chocar contra el principio constitucional de no confiscatoriedad (artículo 31).

No debe olvidarse, además, que la finalidad primordial de la sucesión es asegurar la continuidad de plan económico del causante mediante la transmisión de su patrimonio. El impuesto que estamos tratando provoca la frustración de dicho proyecto, originando un empeoramiento de la economía del sucesor que da lugar, muchas veces, a un desequilibrio de tal magnitud que le obliga a la venta de los bienes propios o heredados, o a la renuncia de la herencia, impidiendo o dificultando gravemente que la sucesión cumpla su finalidad.

Por otra parte, la configuración legal del impuesto produce el efecto perverso de la multiplicación de la progresividad, debido a que esta se aplica no sobre una renta, sino sobre un patrimonio ya depurado fiscalmente, es decir, filtrado y reducido sustancialmente por todos los impuestos exigidos, dando lugar, en muchos casos, a una disminución de tal calibre que produce un resultado altamente confiscatorio.

Finalmente, reiteramos nuestro deseo de que se implante un sistema que no infrinja los principios básicos de seguridad jurídica e igualdad, respetando la libertad de disposición del causante, contenido esencial de los derechos de propiedad y herencia, claves de la libertad y necesarios para el desarrollo profesional y personal.