No me gusta la demagogia. Creo que en el debate lo primero que hay que tener en cuenta son los hechos. Mi director de tesis repetía con insistencia que «la buena ética comienza con buenos datos» y siempre he procurado seguir ese apotegma. Por eso, cuando en España se tramitaba la ley orgánica reguladora de la eutanasia, me negué a dar crédito a quienes postulaban que, entre otras, el gobierno tenía razones económicas para aprobarla. No había ningún dato para apoyar semejante hipótesis.
Pero mi pensamiento está mudando a marchas forzadas. No solo porque nada, absolutamente nada, se haya avanzado desde que hace un año el Gobierno trasladase a las asociaciones de enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) su objetivo de garantizar una atención integral, equitativa y cohesionada. Es que me obliga a ello la respuesta conocida el día 20, firmada por Rafael Simancas como secretario de Estado de relaciones con las Cortes y asuntos constitucionales, ante una iniciativa parlamentaria presentada por Vox: esgrime una disminución de los ingresos presupuestarios como única razón para no prestar su conformidad a la proposición de ley presentada por dicha formación política en favor de los enfermos con ELA.
Cierto, la eutanasia es muchísimo más barata… El Gobierno lo tiene bien fácil para que yo no cambie de opinión: apruebe ya una ley que garantice la calidad de vida de los enfermos de ELA hasta el último minuto de su existencia.