La aceleración de los procesos de descarbonización, los fondos públicos europeos y los avances en los desarrollos tecnológicos dominadores del viento propician estrategias e inversiones para poner en valor los vientos gallegos. Pero para materializar ese valor es necesario que un recurso del común sea ordenado y gestionado por unas administraciones en las que aún se mantiene el enredo. Un enredo que la reciente sentencia del Tribunal Supremo, casando otra del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre la tramitación de un parque eólico concreto, pudiera contribuir a desenredar.
La industria del viento padece de inseguridad jurídica, tal y como sucede desde la suspensión de aquel plan eólico del Gobierno de Touriño. Una situación que evidencia el trabajo de Marta Sánchez en Mercados de La Voz observando que en el período 2005 a 2023 el crecimiento de la eólica gallega no alcanza un 2 %, mientras que la media —insisto la media— española es de un 3,5. Existen unos 7.500 megavatios con autorización de acceso y conexión concedida a Red Eléctrica, pero sin poner en servicio. Una buena parte de la realidad respecto a la transición energética se asienta en su cuestionamiento. Josu Jon Imaz cuestiona el pensamiento mágico para lograr la descarbonización, y sobre todo hacerlo a precios energéticos asequibles y con garantía de suministro. Pero además hacerlo compatible con intereses concurrentes en la gestión de un bien público.
Y es precisamente en ello donde la política y la Administración se encuentran, incluida la defensa de unos y otros intereses, a través de sentencias judiciales. Que vienen a suplir las carencias derivadas de los actos administrativos y políticos en la gestión del común. Puesto que es de ellos de donde se derivan las inseguridades jurídicas en la gestión patrimonial del viento.
Unas inseguridades que se han podido observar en la tradicional ley de acompañamiento presupuestario de 2024 donde se actúa una vez más sobre la legislación y las normas que regulan el sector de la energía eólica. Algo que al igual que la sentencia del Supremo se podría dar por racional y positivo, si estas reformas de aspectos jurídicos y normativos no fueran continuas, y al parecer sin consolidar la necesaria seguridad jurídica. Evitándose con ello armar cambios legislativos urgentes y ad hoc como el anunciado ahora para dar cabida a los eólicos que soportarán Alcoa. Sin dejar en el olvido aquel infausto «impuesto al sol» del ministro Soria.
Porque si es cierto que en la gestión del común existen intereses encontrados, la racionalidad en la explotación de los recursos, y el viento con inversión lo es, debe de llevarnos a hacerlos compatibles. Y no dudando de que esta sentencia del Tribunal Supremo puede resolver una casuística concreta, la realidad es que la confrontación de tantos intereses en la eólica gallega o española, está lejos de resolverse. Trasteando en la política, con los lobis energéticos y ambientales alerta.