La rendición de cuentas es un concepto complejo y a veces se formula de forma ambigua. Sin embargo, es exigido insistentemente por la ciudadanía. Se define como la relación existente cuando el sujeto A está obligado a informar sobre sus acciones y decisiones, a justificarlas y a sufrir el castigo correspondiente en caso de mala conducta, al sujeto B. Se ponen de relieve tres características básicas: se configura una relación social entre el que aporta información y explicaciones sobre sus conductas y el otro actor; la obligatoriedad de dar cuenta de las acciones y decisiones; y la posibilidad de atribuir premios o castigos a los agentes en función de la actividad que han llevado a cabo. Esto es, se aporta información, está abierto a discusión y se admiten consecuencias a partir de la evaluación realizada.
No cabe duda de que la rendición de cuentas está planteada para contextos de desconfianza entre agentes, nos describe el profesor Mansbridge; pero también es muy adecuada para contextos en los que se trata de atender a motivaciones internas. Las escuelas académicas distinguen una gran diversidad de rendición de cuentas que, sintéticamente, se resumen en cuatro preguntas: ¿ante quién hay que rendir cuentas?, ¿quiénes deben hacerlo?, ¿con respecto a qué?, ¿por qué los agentes se sienten obligados a rendir cuentas? Esta manera de enfocar el complejo problema revela la lógica de los pesos y los contrapesos; y, al mismo tiempo, marca y guía la conducta de los agentes distinguiendo varios marcos de referencia (político, jurídico, ético, económico y de calidad de la gobernanza).
Recientemente, dos investigadores, M. Barreda y A. Cerrillo, han analizado la rendición de cuentas en las comunidades autónomas sobre tres dimensiones: transparencia, justificación y responsabilización. Insisten, en un inicio, en que todavía no existe en España norma alguna que de manera específica y con carácter general se exija a los gobiernos y administraciones públicas la rendición de cuentas. Más ello no debe impedir que existan normas en cada autonomía que puedan ser aplicadas siguiendo las bases teóricas y las dimensiones éticas que conforman la rendición de cuentas.
Los investigadores citados, a través de 21 indicadores, construyen un índice de rendición de cuentas, poniendo de manifiesto la poca relevancia que se otorga al tema en las agendas autonómicas en contraste con otros conceptos como la proximidad al ciudadano, el combate contra la corrupción o la evaluación de políticas públicas. En segundo lugar, la referencia a la rendición de cuentas se plantea de manera muy generalista, básicamente se nos remite a las elecciones. Y, en tercer lugar, las escasas referencias en la normativa autonómica del concepto de rendición de cuentas son muy laxas.
Los Gobiernos del País Vasco, Castilla-Mancha y Cataluña sobresalen como los más destacados. Por el contrario, los menos proclives al uso; es decir, las regiones en las que el concepto no figura o las opciones de evaluación son muy reducidas son Andalucía, Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Madrid y La Rioja. Las restantes se encuentran en posición intermedia. En este último apartado se sitúa Galicia.
En Galicia los resultados nos dicen que son modestos en la transparencia, limitándose a publicar los informes de naturaleza técnica de difícil comprensión para una persona sin conocimientos especializados. Tampoco destacamos en lo que atañe a la dimensión de la justificación; es decir, sobre las acciones desarrolladas y los grados de consecución; ni tampoco con la incorporación de mecanismos de participación y diálogo. Finalmente, en lo que concierne a la responsabilización, todas las comunidades registran la peor puntuación, en la medida que solo se limitan a mencionar los mecanismos que están contemplados en la normativa vigente. En síntesis, las iniciativas gallegas son poco ambiciosas.
Sugiero incluir la rendición de cuentas en la agenda de los Gobiernos, de igual manera que hoy en día existen dispositivos sobre el buen gobierno, la participación, la eficacia o la transparencia. Cada día que pase, la sociedad la va a exigir con mayor urgencia.