Esto no va de PSOE, de PP, Junts, de ERC o de PNV, esto, señores, va de un país que se siente chantajeado y necesita una estrategia que lo lleve imperiosamente a recuperar la confianza de sus habitantes. No es un problema de quién, sino de cómo se puede y se debe priorizar el interés general en detrimento de intereses partidistas. Ni siquiera es un problema de ideologías, me atrevo a afirmar, estamos inmersos en una situación límite y se hace necesario realizar un generoso esfuerzo para entender la gravedad de la controversia suscitada y salvar el barco antes de que, lamentablemente, se hunda.
Esto va de la excelencia en los partidos políticos y sus gestores, ya está bien de exigir a las empresas y a los ciudadanos códigos éticos, responsabilidad social corporativa o transparencia fiscal cuando son ellos los que están legislando para amnistiar a colegas corruptos condenados por malversación de fondos públicos. ¿De verdad pretenden hacernos creer que con unas elecciones, agitando las más bajas pasiones del electorado, esto se puede encarrilar, para al final pactar y legislar solo para unos cuantos privilegiados que han vulnerado tanto la ley como los códigos éticos en la gestión pública?
Esto va de observar lo que se está generando en Francia, o en Alemania, esto va de observar la larga marcha hacia el desastre; esto va de una sociedad que hace tiempo que semeja ser inmune al sentido del ridículo que impregna a nuestra clase política y a su hipocresía.
Esto, también, va de la preocupante deriva en la seguridad jurídica, que permite que te okupen tu casa y, si echas al okupa por la fuerza, puedes terminar con tus huesos en la cárcel. Pero, sin embargo, si te apropias y/o malversas dinero público, te indultan; si tienes delitos de sangre por asesinar a policías y guardias civiles puedes formar parte de un gobierno de coalición. Ante esta vulneración sistemática del Estado de derecho y de la igualdad ante la ley de todos (algunos) los ciudadanos, adquiere mayor crudeza, si cabe, lo que decía Ortega y Gasset cuando afirmaba que el problema de España era el atropello de la ley por los gobernantes.
Comparto plenamente las siguientes palabras del profesor de Historia de las Ideas en la Universidad Rey Juan Carlos: «El Estado de derecho requiere, además, que todas las leyes se conformen con ciertos principios, entre otros el de poner límites a los poderes de los gobiernos y también a la asamblea legislativa, porque los poderes de cualquier mayoría temporal se deben hallar limitados por principio». En este mismo sentido cobra, todavía, más relevancia lo que Hayek afirmaba al referirse al Estado y a sus poderes ilimitados, dado que la norma más arbitraria puede legalizarse y de esta manera una democracia puede establecer el más completo despotismo imaginable, ya que en una sociedad abierta, liberal y democrática ningún poder superior debe tener la facultad para imponer coercitivamente, por ley o por otros medios abusivos, su criterio. No olvidemos que la peor parte de la maldad siempre se queda en su propia casa.