Desgraciadamente, sí. Esta es la respuesta a la pregunta que nos hacemos en el título de este artículo. En el período 2022-2023, la tasa Arope (At risk of poverty and/or exclusion) aumentó entre los niños, niñas y adolescentes gallegos. Dicha tasa expresa la proporción de la población que se encuentra en riesgo de pobreza, carencia material y social severa y baja intensidad en el empleo. De estos tres componentes, el que claramente se incrementó en nuestra comunidad es el de carencia material y social severa, del 7,2 % al 12,4 %. Los niños y niñas tienen más riesgo de quedarse atrás a nivel de desigualdad económica, lo que puede derivar en problemas de salud mental o afectar a sus derechos en el entorno digital.
La tasa de riesgo de pobreza se ha mantenido relativamente estable, y la de baja intensidad en el empleo se ha reducido del 4,6 % a un 2,7 %. En términos generales, estas variaciones han supuesto un aumento de la tasa Arope, que ha pasado del 24,7 % en el 2022 a un 28,2 % en el 2023.
Es evidente. Es necesario avanzar hacia un modelo de protección social que articule políticas y programas destinados a prevenir y proteger a todas las personas contra la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social; y especialmente a los niños, niñas y adolescentes
Por ello, desde Unicef comité Galicia proponemos avanzar hacia la elaboración y aprobación de la Ley de Infancia y Adolescencia de Galicia y garantizar una protección social que sitúe a la infancia en el centro, que incremente los esfuerzos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad y que contemple a la infancia como prioridad presupuestaria, alcanzando un consenso político y social sobre mínimos de inversión destinada a infancia en cada presupuesto anual, blindándola frente a variaciones económicas y garantizando su sostenibilidad.
Y es que, al contrario que la gran mayoría de los países europeos, España no ha llegado a desarrollar un sistema sólido, efectivo y equitativo de protección social de familias e infancia, como sí han alcanzado países tan próximos al nuestro como Finlandia, Irlanda, Alemania o Polonia.
Unicef España y otras organizaciones sociales y de infancia apostamos por una prestación universal para la crianza, en forma de deducción fiscal reembolsable, como una de las herramientas clave para reducir la pobreza y apoyar a las familias con niños y niñas en España.
La mayor capacidad de los países de nuestro entorno para reducir la pobreza infantil demuestra que la inversión en protección social de la infancia es rentable, y que no actuar tiene un coste que ya están pagando 2,8 millones de niños y niñas en este país, y 105.000 en Galicia.