Cuando se filtró que el todavía presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, consideraba la conveniencia de decretar un indulto preventivo de políticos y funcionarios que habían ejercido funciones durante su presidencia, pensé que se trataba de un bulo más de tantos que corren por las venas de la opinión pública. Me hacía gracia lo de perdonar a alguien que ni siquiera había sido imputado por si Donald Trump iba contra él, como los demócratas hicieron con Trump y con sus equipos. Nunca había oído hablar de semejante posibilidad: un perdón por si acaso, un perdón sin delito previo, que es una forma de señalar: ¿se le perdona porque algo habrá hecho o porque hay base para procesarlo? Muy raro todo. O quizá no tanto, porque lo hizo Ford con Nixon (indultado en cuanto dimitió y antes de ningún proceso), Clinton con uno de sus principales donantes, Marc Rich, y Biden con su hijo: a Hunter Biden no le ha perdonado solo los delitos probados, sino cualesquiera otros que puedan sentenciarse en el futuro.
La polémica que se produjo después demostró que la filtración, quizá un globo sonda, tenía fundamento real. Y se basaba en las amenazas de Trump contra Liz Cheaney y otros políticos, pero también contra los integrantes, supuestos o reales, de lo que llaman allí el estado profundo, es decir, la estructura de funcionarios que tiene su propia agenda con independencia de que manden los republicanos o los demócratas. Incluso circulan libros que incluyen listas de sus principales integrantes, a los que se acusa de haber torpedeado el primer mandato de Trump. Ya se ve que no inventamos nada. Unos acusan de lawfare o cartas marcadas con la justicia y otros lo practican realmente, como aquí.