La consideración de la protección a la dependencia como uno de los pilares del estado de bienestar ha sido uno de los mayores logros de la sociedad democrática, puesto que reconoce como un asunto de todos lo que antes era una desgracia particular, que añadía a la situación dolorosa la zozobra de miles de familias. No dejarlas a su suerte fue el gran avance. Pero solo lo ha sido en el papel, porque, dieciocho años después de la entrada en vigor de la ley, la cobertura efectiva está muy lejos de ser una realidad.
Las cifras y los testimonios que se conocen inciden en los tres graves obstáculos con que se encuentra la aplicación de este derecho. En primer lugar, el camino de dificultades que plantea la formalización de la solicitud, con una compleja burocracia que deben afrontar personas y familias que se hallan en una situación crítica. En segundo lugar, la larga espera que hay que asumir entre el reconocimiento del derecho y su materialización efectiva. Y en tercer lugar, la insuficiencia de las ayudas para la correcta atención de los afectados.
Es cierto que la Administración autonómica ha venido dando pasos para simplificar los procesos, que todavía son demasiado laboriosos y exigen tiempo y paciencia, pero aún no se ha resuelto el principal cuello de botella, como es la dotación insuficiente de los equipos que en cada demarcación territorial tienen que evaluar cada caso y prescribir el plan de actuación individualizado. Para que el derecho avance, es necesario actuar en esta primera fase.
Pero, superada esta, la mayor frustración llega cuando los afectados encuentran que el siguiente paso no es percibir la prestación, sino entrar en lista de espera hasta que haya recursos disponibles. Aunque en tiempos de demora Galicia no es la peor comunidad, los datos oficiales muestran un retraso de más de un año desde la concesión, con una media de 386 días. Si en cualquier ámbito es demasiado plazo, en el de la dependencia se vuelve exageradamente largo, descorazonador e injusto.
La razón de que no se haya conseguido acortar reside en el problema de fondo, que no es otro que la falta de asignación de recursos. Ni fondos suficientes para atender en casa a los dependientes que aún puedan residir en su domicilio, ni plazas de residencia para acoger a todos los que las precisan.
Dieciocho años después de la entrada en vigor de este derecho esencial, es ya tiempo de que se aplique de hecho y se resuelvan los problemas enquistados. La Xunta debe agilizar la tramitación y hacer realidad las ayudas desde el mismo momento de su concesión. Y el Gobierno central, disponer los fondos precisos, que en el caso de Galicia, según el Ejecutivo autonómico, acumulan un desfase de 2.500 millones. En un momento de parálisis, con los Presupuestos del Estado prorrogados, tal cantidad tiende a aumentar, y, por tanto, a alejar más la solución a una demanda social irrenunciable. Si las Administraciones están al servicio de los ciudadanos, esa debe ser su verdadera prioridad. No atenderla es desposeer a la sociedad de un derecho esencial.