Hace unos días, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. El texto legal, que modifica el sistema de oposición, de promoción y de especialización de los jueces, se aprovecha para materializar un proceso de estabilización de jueces sustitutos y magistrados suplentes que supondrá un sistema «excepcional» de acceso a la carrera judicial. De llevarse a cabo se comprometen los criterios de igualdad, mérito y capacidad que han de inspirar el acceso a las funciones y cargos públicos, conforme a los artículos 23 y 103 de la Constitución.
El proceso que pretende el Gobierno supone un grave riesgo a la independencia judicial al crear una «puerta de atrás» para designar a jueces al margen del sistema de oposiciones. El texto contiene otras reformas graves y preocupantes.
El anteproyecto se justifica con prejuicios sobre la realidad social de los jueces españoles. Desde 1996 hasta el 2025 han aprobado la actual oposición un total de 3.942 jueces: 2.607 mujeres y 1.335 hombres. Esto es, más de seis de cada diez jueces que han aprobado desde el año 1996 son mujeres (66,1 %). Del total, el 74,70 % no tenía ningún familiar ejerciendo en el sector jurídico. Solamente el 5,98 % tenía algún familiar juez. Y el 31,87 % de los padres de los jueces de las últimas cinco promociones no tenían estudios superiores. Estos datos son públicos y conocidos, también por el ministerio que propone la reforma, y se obvian y falsean deliberadamente para justificar un nuevo intento de control del poder judicial.
Dato mata relato. El sistema actual de acceso a la carrera judicial es democrático, en cuanto garantiza que cualquier persona, de cualquier procedencia y origen social y cualquiera que sea su ideología, puede competir en igualdad de condiciones apoyada exclusivamente en su esfuerzo individual. Y así ha sido remarcado por la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, con ocasión de la entrega de despachos a la última promoción de jueces.
Además, el texto destila animadversión al sistema memorístico de las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, que no se cuestiona respecto de otras oposiciones, ignorando intencionadamente la naturaleza del propio proceso de selección de jueces. Cualquier modificación de este calibre requiere un gran consenso y un análisis profundo, escuchando a todos los afectados. El sistema actual, con sus posibles mejoras, es el más objetivo y el que menos margen de adulteración permite: es exigente y objetivo, garantiza la excelencia y salvaguarda la independencia del poder judicial, que no es privilegio de los jueces, sino garantía de los derechos de los ciudadanos.
El anteproyecto ataca a las promociones más jóvenes de jueces, estableciendo un traslado forzoso a los tres años de ascender a la categoría de magistrado. Se trata de una propuesta anacrónica y gravemente lesiva para la conciliación personal y familiar, que no se aplica a ningún otro funcionario público.
Las luces del blindaje legal del sistema de becas para personas sin recursos que quieran cumplir el sueño de ser jueces, medida con la que coincidimos, chocan con las incertidumbres que genera la conversión del Centro de Estudios Jurídicos en un centro público de preparación de oposiciones con delegaciones en cada territorio, dependiente del Ministerio de Justicia (y por tanto del poder ejecutivo). Se puede generar la tentación para el gobierno de turno de realizar un trato de favor hacia determinados estudiantes con coincidencia ideológica.
Desconocemos cómo quedará finalmente el texto legal, pero nos preocupa que esta reforma consiga convertir el poder judicial en un instrumento de conveniencia política.