Entre el 2018 y el 2025 el salario mínimo interprofesional ha subido un 61 %. Se sitúa prácticamente en el 60 % de la media salarial, como prescribe la Carta Social Europea suscrita por España. Según la visión liberal de la economía, esta progresión «artificial» de los salarios mínimos legales de nuestro país debiera haber tenido un efecto demoledor sobre el empleo, destruyendo por cientos de miles los puestos de trabajo. Particularmente, en las pequeñas y medianas empresas.
Nada de esto ha sucedido. Al contrario, España está en récords históricos de empleo. En estos momentos hay más pymes que en el 2018, que emplean a un 7,5 por ciento más de personas trabajadoras, y que además han aumentado su dimensión media, lo que es una excelente noticia en términos económicos.
Este y no otro tendría que ser el argumento sobre el que pivotara la conversación pública en la semana en la que se ha legislado la última subida del 4,4 por ciento de este salario, que afecta directamente a más de dos millones de personas.
Sin embargo, la polémica sobre la elevación o no del mínimo exento a tributar en el impuesto sobre la renta ha ocultado esta magnífica noticia. Y lo ha hecho de la peor manera posible. Poniendo en bandeja a la derecha económica el mensaje anti impuestos y lo deseable que es desconectar a la sociedad del vínculo con su sistema tributario.
Cuando nos referimos al mínimo exento nos referimos a la parte de la renta que queda eximida de «pagar a Hacienda». La obligación de contribuir se genera, como norma general, a partir del nivel de renta superior a ese mínimo exento, y por la cantidad que lo supera. Pero —y esto es importante que se conozca— el mínimo exento supone reducir la aportación a los recursos públicos (sanidad, educación, infraestructuras) de todas las rentas, no solo las bajas. Alguien que gana 10.000 euros al mes también esta eximido de pagar IRPF en la parte de la renta que está por debajo de ese mínimo exento. Por tanto, elevar el mínimo exento indefinidamente detrae recursos públicos, y no es una posición defendible desde un punto de vista progresista.
De lo que se trata es de que a todas las personas que perciben el SMI se les garantice que el salario neto que se llevan a su casa (con el que pagan la hipoteca, las lentejas y los libros de sus hijos) sea al menos del 60 % de la media salarial española. Esto es lo que es exigible al Gobierno, bien sea por un incremento del SMI, bien por las medidas fiscales pertinentes para asegurar ese salario neto, que, pese a su importante mejora, sigue siendo de subsistencia.
Mantener el actual mínimo exento tiene un efecto inocuo para la gran mayoría de quienes perciben el SMI, pero tiene algún efecto aproximadamente para el 20 %. Esta circunstancia hay que corregirla y a ello instamos al Gobierno.
Esa debiera ser la cuestión. Cómo se garantiza que en cualquier situación tributaria nadie percibe en neto menos del 60 % de la media salarial, y no una elevación indefinida del mínimo exento, que detraería recursos públicos en importantes cuantías. Desde un punto de vista progresista es deseable la universalización de la declaración de la renta, con un sistema progresivo que haga que pague más quien más tiene, y que mejore la contribución de las rentas de procedencias distintas a los salarios, sobre todo las especulativas y no destinadas a la inversión productiva. Los sueldos tributan lo suficiente. Otras rentas, no. Y sobre esa idea debe pivotar una reforma fiscal que favorezca la redistribución de rentas, la inversión productiva, y reduzca el diferencial fiscal de España con la Unión Europea.