A comienzos del mes de noviembre, las ayudas públicas a los afectados por la dana copaban la conversación pública. Durante esos días, el Gobierno insistía en la necesidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado dado que, en palabras de Pedro Sánchez, «hoy son más necesarios que ayer». Lo cierto es que esa urgencia del momento se ha disipado en poco tiempo y las cuentas públicas del 2025 correrán la misma suerte que las del 2024.
Gobernar sin Presupuestos implica despreciar el principio de seguridad jurídica y una prueba más del papel cada vez menos protagonista que tiene el poder legislativo. Esta práctica supone un retroceso democrático al debilitar el control parlamentario sobre el gasto público y abre la puerta al abuso por parte del Ejecutivo mediante figuras como las modificaciones o ampliaciones de crédito, las cuales deberían estar limitadas a situaciones excepcionales. Se erosiona la transparencia y el control ciudadano sobre los impuestos y gastos, dejando abierta la puerta a la arbitrariedad y a la ineficiencia en la gestión fiscal del país.
Conviene recordar, además, que el Presupuesto no es simplemente una herramienta económica más, sino que constituye una obligación constitucional esencial y la base misma del parlamentarismo. El Presupuesto encarna el núcleo del acuerdo democrático sobre la recaudación y el uso de los recursos públicos, y su prórroga indefinida vulnera esta esencia democrática.
Un ejemplo claro de esta arbitrariedad es el actual debate sobre el aumento del gasto en defensa, donde el Ejecutivo pretende sortear la necesaria fiscalización parlamentaria mediante ampliaciones presupuestarias. Como diría Napoleón, para hacer la guerra hacen falta tres cosas: dinero, dinero y más dinero; una verdad histórica que subraya aún más la importancia del control democrático sobre el Presupuesto.
Este Ejecutivo se ha acostumbrado a utilizar las modificaciones presupuestarias porque es más cómodo gobernar sin enfrentarse al ejercicio de rendición de cuentas. Hasta el 30 de noviembre del año 2024, el Gobierno había acumulado 50.000 millones de euros en modificaciones presupuestarias, a lo que habría que sumar otros 42.000 millones de euros en transferencias entre partidas. En noviembre del 2023, sin Presupuestos prorrogados, las cuantías fueron mucho menores: 14.000 millones de euros en modificaciones y 11.000 millones de euros en transferencias de crédito. Estas modificaciones han resultado en un aumento del déficit de caja de un 37,2 %.
La prórroga sistemática de los Presupuestos y el abuso de modificaciones y ampliaciones presupuestarias revelan una preocupante deriva hacia una democracia cada vez menos parlamentaria y más presidencialista.
Gobernar sin Presupuestos no es gobernar, es legislar a espaldas de los ciudadanos. Hoy quizá habría que recordar aquella frase del siglo XVIII de que no hay impuestos (ni presupuestos) sin representación.