Si Miguel Gila estuviera vivo, seguramente habría creado un monólogo sobre el despropósito acontecido hace unos días en EE.UU. La filtración de los planes para atacar posiciones hutíes en Yemen, al incluir a un periodista en la lista de wasap del departamento de Defensa, ha puesto en evidencia la ligereza con la que los líderes políticos de la nueva Administración tratan temas de trascendencia crucial para la seguridad de su país. El hecho de que se hubiera incorporado por error al editor jefe del The Atlantic debiera haber hecho saltar las alarmas y, más aún, exigir las responsabilidades debidas, porque sin duda vulnera la estricta regulación de las normas establecidas en el acta de espionaje. Por fortuna, se trató de un periodista norteamericano, pero podría haber sido de cualquier de otro país, que, según su nivel de honestidad, podría haber filtrado los planes antes del ataque, frustrándolo o arriesgando la vida de los pilotos que iban a ejecutarlo. Y, por si fuera poco insultante la negativa a reconocer que se hubiera producido semejante filtración por parte del secretario de Estado de Defensa, Pete Hegseth, quien no ahorró epítetos insultantes para el periodista, al que acusó de rebozarse en la basura con el objeto de desacreditarlo, la Administración solo reconoció el error cuando se vio confrontada con la confirmación de que la filtración era real. Los mandos militares no han dudado en manifestar su indignación por la brecha en la seguridad. La acusación de que el error fue causado por un funcionario de bajo nivel no ha hecho más que añadir leña al fuego, porque dos de los intervinientes en la conversación, teóricamente encriptada, se encontraban en Moscú en ese momento.
Nadie ha asumido la responsabilidad por unos hechos que pusieron en peligro la seguridad nacional. Da escalofríos la impunidad. Desde luego, Gila habría encontrado un filón.