La incertidumbre causada por las decisiones políticas tiene un precio que se hace visible en el coste de la financiación a medio y largo plazo. En los últimos seis meses, los mercados de capitales están poniendo en el precio de los bonos, tanto soberanos como corporativos, una «prima de riesgo político» creciente, la cual obedece a tres factores preocupantes que nacen de decisiones políticas.
En primer lugar, la forma en que las dos grandes potencias económicas a nivel mundial (China y Estados Unidos, representando, respectivamente, el 19,7 % y el 14,7 % del PIB global) están tensionando el comercio como herramienta negociadora para conseguir un rebalanceo en su relación, y provoca que los inversores aumenten varios puntos básicos el coste de la deuda para compensar la potencial pérdida de ritmo de crecimiento en los próximos años. Solo para el 2025 el FMI ha rebajado en tres décimas el crecimiento de la economía global (del 3,5 % al 3,2 % y bajando) y ha aplicado recortes a los crecimientos tanto americano como chino.
En segundo lugar, la posibilidad de que los bancos centrales —en tanto en cuanto tienen una independencia relativa del poder político— fuercen la política de tipos de interés a la baja para intentar compensar el descenso del crecimiento y, en consecuencia, generen inflación, también preocupa (y mucho). La convicción de que el crecimiento general de los precios será más alto en esta década que en la anterior lleva a establecer un «efecto escalón» que explica buena parte de la diferencia que existe actualmente entre los tipos a corto plazo y los tipos a largo plazo.
Por el momento, la Reserva Federal se está comportando de una forma sorprendentemente positiva, ya que se resiste a bajar los tipos de interés a corto, vigila lo que está sucediendo con los tipos a largo (que oscilan entre el 4,3 % y la barrera del 5 % en los últimos meses) y subraya los riesgos reales de que vuelva la inflación. Parece que a esta vez la Fed sí ha aprendido del pasado y, al menos, vigila en el horizonte que no se produzca una «segunda ola» de inflación emulando lo que sucedió a finales de los setenta y principios de los ochenta.
En tercer y último lugar, la probabilidad casi segura de que los gobiernos sigan acumulando cantidades crecientes de deuda, dados sus excesivos gastos con respecto a los ingresos. A ello se añaden cambios estructurales que suponen un extra de incertidumbre, como la decisión de Alemania de endeudarse para financiar la defensa, o los rumores en Estados Unidos de acuerdo (sea tácito o explícito) entre la Administración Trump y algunas figuras demócratas para eliminar el «techo de deuda». En un reciente documento del CEPR estiman que la deuda pública global alcanzará el 97,3 % del PIB para el 2027 en el escenario central y podría irse al 11 7 % del PIB en el escenario más adverso.
En resumen, el coste del riesgo político es doble: una deuda permanente cada vez más difícil de devolver y una carga de intereses que impacta negativamente sobre el crecimiento.