¿Por qué tanta prisa ahora para la reforma más grave de la Justicia en 40 años?
OPINIÓN
Los jueces y fiscales convocan una huelga. La judicatura y la fiscalía cesarán sus actividades los días 1, 2 y 3 de julio. ¿Por qué?
Desde hace años, la Justicia molesta. Inicialmente, para obstaculizar su funcionamiento, se optó por una estrategia pasiva, la falta de recursos. Cualquier ciudadano u operador jurídico está familiarizado con este problema: expedientes interminables, edificios judiciales en mal estado y, a veces, la falta de electricidad o servicio telefónico.
Sin embargo, gracias al esfuerzo de todos los operadores jurídicos, el sistema sigue funcionando. La Justicia ha seguido desempeñando su trabajo sin recursos suficientes, pero reclamando en momentos específicos. De hecho, los pocos actos de huelga han sido de corta duración para no perjudicar a la ciudadanía.
Desgraciadamente, continúan surgiendo procedimientos penales que afectan a miembros de los otros poderes. Por eso se ha elevado el nivel: comenzaron los ataques directos al juez de turno en cada caso de corrupción. Es común escuchar a miembros del poder ejecutivo y legislativo criticar a los jueces. Las críticas no solo se dirigen a las resoluciones judiciales, sino también a las personas. Parece difícil entender la separación de poderes y el respeto institucional. Y, aun así, el poder judicial ha seguido cumpliendo con su trabajo, sin tener en cuenta la persona, el cargo o las posibles represalias.
En resumen, la judicatura sigue molestando. Tanto es así que el Gobierno ha impulsado por la vía de urgencia dos reformas para la supuesta ampliación y «fortalecimiento» de la carrera judicial y fiscal. Lo ha introducido como urgente en las Cortes y en pleno verano, sustrayendo a los parlamentarios del debate sosegado con todos los operadores jurídicos.
Así, pretende atribuir la instrucción a una fiscalía dependiente del conocido fiscal general del Estado, nombrado por el Ejecutivo y ahora investigado. ¿Coincidencia?
Con estos proyectos se intenta difuminar la carrera judicial y fiscal por la puerta de atrás. Parece como que, si no se puede detener ni comprar, corrómpalo desde dentro.
El objetivo final es crear trampas para un posible control político del poder judicial. Por ejemplo, reducen las garantías de mérito, capacidad e igualdad en el acceso a la carrera judicial y fiscal, aduciendo unos motivos que no se ajustan a la realidad.
Además, se crea un centro dependiente del Gobierno destinado a formar a los futuros jueces y fiscales. Y se pretende silenciar a las asociaciones judiciales privándolas de financiación privada, a diferencia de cualquier otra asociación o sindicato. Estas asociaciones trabajan diariamente para defender el Estado de derecho y la independencia judicial. Trabajan, denuncian y molestan.
La justicia molesta y, por lo tanto, se intenta castigar y controlar. A pesar de lo anterior, la judicatura y la fiscalía seguirán desempeñando su trabajo, salvo esos días en los que se detendrán en defensa de los derechos de la ciudadanía, incluido el derecho a un juez independiente.
Porque no se equivoquen: los jueces y fiscales no se juegan su plaza. Lo que está en juego es mucho más importante: los fundamentos de la separación de poderes y de la democracia que estas reformas pretenden socavar.
Y, por eso, la huelga es de la ciudadanía.