La huelga judicial que acaba de tener lugar es un derecho de la judicatura, que solo tiene vedado en el artículo 127 de la Constitución pertenecer a partidos políticos y sindicatos. Ninguna ley la prohíbe y se ha ejercitado en varias ocasiones. En esta, sin embargo, su justificación es discutible.
El comité de huelga critica los cambios en el acceso a la judicatura. Hoy son un test y dos exámenes orales. El proyecto sustituye uno por una prueba práctica, como existía años atrás para superar la oposición, requisito que permitiría constatar la capacidad de motivación que exige el artículo 120.3 de la Constitución a las resoluciones judiciales. Como en las oposiciones a abogacía del Estado, notaría o registros, y como se exige en la judicatura para ser especialista en ciertas materias.
También se denuncia el sesgo ideológico que puede suponer que el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia prepare la oposición a la carrera judicial o fiscal. Ahora, cada aspirante estudia por su cuenta o es asistido por un juez o fiscal, al que retribuye por ello. El proyecto permite que el CEJ lo haga de modo gratuito. El riesgo de manipulación no existe, como no lo hay en la universidad pública. Además, los profesores del centro son jueces, fiscales y profesores universitarios.
Polémica es la previsión de atajar el abuso de temporalidad de jueces y fiscales sustitutos, semejante a la de funcionarios interinos. Se prevé una prueba extraordinaria para ingresar en la judicatura, cuyos requisitos son menores que los actualmente existentes, criticable y que no apoyan los interesados.
Que en vez de recitar temas se exija demostrar capacidad de razonamiento puede ser debatido. Que se permita la preparación de las oposiciones también en un centro público de enseñanza gratuita, se podrá cuestionar. Que el proyecto de ley contenga además de avances en becas o voto telemático, previsiones criticables, como la estabilización de la judicatura interina, sucede en cualquier iniciativa legislativa. Pero no puede compartirse que su contenido vaya a suponer una merma de la independencia judicial o la amenaza de nuestro Estado de derecho.