Acertaban Xulio Sequeiros, Ceferino Díaz y Xaime Barreiro, con su libro A Autopista del Atlántico, transporte e desenrolo galego. Galaxia, 1977. Una autopista que quizá sea la más cara de cuantas se hicieron en España, no solo por su coste, sino por la tardanza en generar rendimientos y en amortizarse. También hoy la más rentable, una rentabilidad sostenida en la prórroga hasta el 2048, y porque toda obra o arreglo en la AP-9 tuvo en contrapartida no solo su pago, sino una alteración gravosa de las condiciones concesionales, con aprobaciones al alza de tarifas por encima del coste de la vida, tarifas en sombra o pagos parciales a cargo de fondos públicos e intereses desmedidos sobre la deuda.
Por ello sorprende que los políticos se duelan de tanto quebranto hoy, por más que en sus largas vidas hayan guardado silencio. No de la prórroga de Aznar (no lo hizo con la AP-7 catalana, blindada en el 2016 a instancia de ERC en el Congreso con el Gobierno de Rajoy), con la excusa de dos tramos ya definidos por el caudillo, ni de su venta, de las que nada dijeron, sino por las subidas de tarifas asociadas a reformas sea en circunvalaciones, enlaces, o en la ampliación de Rande.
La sorpresa reside en la reiteración unánime del Parlamento gallego para acudir al Congreso a reclamar la transferencia de la AP-9. Nace así la duda sobre los beneficios de tal transferencia, que en principio no resolvería los embudos en Rande, ni las agónicas subidas a Peinador para llegar a Portugal, Ourense, Madrid o a la circunvalación viguesa y al Val Miñor.
Sería de agradecer que en tan reiterada decisión parlamentaria se explicara el diferencial en beneficios si las negociaciones las hiciera un Gobierno gallego o uno de España. Porque es de maliciar que con la transferencia no habría cambios para los usuarios. Salvo que gabelas y privilegios acumulados por Audasa desde su privatización en el 2003 dentro de la Empresa Nacional de Autopistas, luego de capitalizarla ampliando la concesión en el 2000, sufrieran una dura transformación que nadie conoce.
Los artículos recientes de Caride y de Lago, así como los reportajes y análisis de Carlos Punzón en La Voz y la resolución de la Comisión Europea a instancia de Diego Maraña y En Colectivo, sitúan la AP 9 en su verdadera dimensión, que no está en la transferencia de gestión. Su venta en 2003 por 1.586 millones de euros se tiene hoy por un saldo. Y todo el entramado financiero y regulatorio posterior en torno a la AP-9 evidencia «unha navallada á nosa terra» de mayor calado que la reflejada en 1977 en el documental de Llorenç Soler, cuando acompañando a la fotoperiodista Anna Turbau, llegada a Pontevedra de la mano de César Portela, conocieron y reflejaron la tensa realidad de Galicia en los setenta. Un trabajo cedido por Turbau al Consello da Cultura Galega. Una Galicia donde se mantiene la navallada con la ampliación y venta de la AP- 9 y las regulaciones y convenios de sucesivos gobiernos.