Los ganaderos españoles, especialmente los gallegos, han recibido una buena noticia desde Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado que todavía están a tiempo de reclamar las pérdidas que sufrieron por el famoso cartel de la leche.
El asunto tiene su origen en un cartel constituido por gran parte de las industrias lácteas durante el período 2000-2013, un acuerdo entre competidores para coordinar su comportamiento en el mercado y controlar el aprovisionamiento de leche cruda de vaca. En otras palabras: intercambiándose información sobre sus estrategias, fijando los precios y repartiéndose a los ganaderos consiguieron eliminar la competencia en el precio de compra y por las fuentes de aprovisionamiento. En definitiva, se pusieron de acuerdo para fijar a la baja los precios de compra de la leche a los ganaderos, ocasionando un gravísimo problema socio-económico al sector productor, con las consiguientes pérdidas económicas, e incluso forzando el abandono de las explotaciones porque «no salían los números».
Estas empresas del denominado cartel lácteo han sido sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, cuya resolución, de 11 de julio del 2019, declaró responsables a diez industrias lácteas, imponiéndoles multas de 80 millones de euros.
Los recursos de las empresas ante los tribunales no han tenido éxito a día de hoy, aunque el impasse judicial, y algunas dudas técnicas sobre esta materia relativamente novedosa, han dado lugar a que algunos juzgados y tribunales optasen por no resolver sobre el fondo de las reclamaciones económicas de los ganaderos, amparándose algunas de estas sentencias en que el derecho de los productores a reclamar habría prescrito por el transcurso de los plazos legales. Ante tales dudas, un juzgado de Zaragoza planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE para su aclaración definitiva y vinculante.
El TJUE ha hablado claro: el plazo de los ganaderos para reclamar no comienza hasta que las sentencias dictadas con relación a los recursos contra la resolución de la CNMC sean firmes y definitivas. Descartando así la interesada tesis de los cartelistas, que pretendían dar por cerrado el capítulo alegando que el plazo se habría iniciado con la propia resolución en el año 2019, y que, por tanto, ya habrían transcurrido todos los plazos. En otras palabras, «no pasó el día, ni pasó la romería» para los ganaderos perjudicados por los abusos de las industrias lácteas.