El reciente informe del Consello de Contas sobre la red pública de albergues del Xacobeo debería abrir un debate definitivo: ¿tiene sentido mantener un formato que cuesta dinero al contribuyente y apenas deja valor en el territorio? La respuesta es clara: no.
Los números son incontestables. Cada noche en un albergue público cuesta de media 27 euros extra con cargo a nuestros impuestos, y en casos extremos, como el de Sandiás (Ourense), el gasto se dispara hasta los 932 euros por persona y pernocta. Ningún negocio privado podría sostener semejante ineficiencia. Pero aquí no hablamos de un negocio, sino de Xacobeo S.A., una sociedad pública que actúa como competidor desleal frente al tejido turístico gallego, el mismo que invierte, arriesga, contrata y paga impuestos.
Alguien podría alegar que «en algunos tramos no hay iniciativa privada suficiente». Es un argumento débil. Pensemos en Roma: millones de visitantes llegan al Vaticano, pero nadie duerme en la plaza de San Pedro ni en un supuesto albergue público. Lo mismo en Jerusalén: existen guest houses privadas o gestionadas por órdenes religiosas, nunca con fondos públicos. Si esas ciudades tan peregrinas y religiosas no sostienen albergues públicos, ¿por qué Galicia sí? Esa comparación no es ornamental: es lógica.
Otro argumento habitual es que los albergues públicos atienden a «otro tipo de público», diferente de quien va a un hotel o a una casa rural. Tampoco es cierto. Todos los viajeros son consumidores turísticos, y si no existiera la red pública, quienes hoy alternan noches de albergue con noches de hotel acabarían alojándose en el sector privado. El turismo no se mide por etiquetas, sino por su capacidad de generar valor en el territorio. Y lo que no deja valor, lo que cuesta dinero al contribuyente, no es turismo: es subsidio.
La realidad es que no hace falta dormir exactamente encima del Camino. El entorno gallego dispone de una oferta de alojamiento muy por encima de la media. Basta recordar que solo en la comarca de O Salnés existen en verano más plazas que en todo el País Vasco. La cobertura está garantizada, y además reparte mejor la renta en el territorio, porque los viajeros gastan en hoteles, casas rurales, restaurantes, bares, farmacias y comercios locales. Esa es la verdadera riqueza que deja el Camino, no una cama subvencionada que consume recursos públicos sin retorno.
Conviene subrayar otra evidencia: la mayoría de quienes recorren el Camino hoy no son peregrinos en el sentido religioso estricto. Son personas que eligen esta ruta como forma de turismo cultural, deportivo o de naturaleza. Nada que objetar: es legítimo y positivo. Pero justo por eso no tiene sentido mantener una infraestructura pública pensada para otro tiempo, cuando el Camino necesitaba un impulso inicial y carecía de oferta privada suficiente. Hoy el sector está liberalizado y responde con agilidad a la demanda.
Otro riesgo estructural es el efecto llamada: los albergues públicos subvencionados compiten con precios irrisorios frente a quienes invierten en alojamientos de calidad. El resultado no es más riqueza, sino una dependencia presupuestaria crónica: cada año se justifica mantenerlos abiertos, aunque sean ruinosos, porque políticamente cuesta cerrarlos. Así, el sistema se convierte en un pozo sin fondo que engulle recursos que podrían destinarse a servicios verdaderamente esenciales.
Porque ahí está la clave: priorizar lo esencial. Resulta un contrasentido que haya recursos para mantener albergues abiertos con apenas uso, mientras un servicio público como Renfe deja a ciudadanos en tierra por falta de plazas, incluso en situaciones de urgencia para llegar a un hospital o atender un imprevisto familiar. Aunque sean Administraciones distintas, el principio debería ser el mismo: dar servicio donde hace falta de verdad. Y lo que Galicia necesita no es alojamiento público —ya lo ofrece de sobra la iniciativa privada—, sino movilidad, sanidad y servicios sociales que respondan a los ciudadanos.
El propio Consello de Contas lo deja claro: para que la red se autofinanciara con la tarifa actual, necesitaría una ocupación del 76 %. Una cifra imposible en muchos tramos. No se trata de reformar ni de maquillar, se trata de cerrar. El Camino seguirá vivo, porque lo que atrae no es una cama pública subvencionada, sino la experiencia, la cultura, la naturaleza y la hospitalidad privada que funciona en cualquier otra parte del mundo.
El turismo es una actividad económica. Su misión es dejar valor en el territorio, no costarle dinero al contribuyente. Por eso, después de este informe, no queda margen para dudas: Galicia debe cerrar de una vez por todas el formato de albergue público.