El Consejo de Política Fiscal y Financiera del 17 de noviembre evidenció la tensión entre Hacienda y las comunidades autónomas y presentó las líneas sobre las cuales se sustenta propuesta de reforma de la financiación autonómica de la ministra de Hacienda. La polémica aprobación del acta anterior marcó la reunión, reflejo del clima político para una negociación delicada. El modelo no tiene opciones de prosperar: el actual arco parlamentario carece de los consensos para una reforma que exige amplias mayorías y lealtad institucional.
El problema, sin embargo, es más profundo. Los sistemas de financiación autonómica aprobados desde los años noventa han compartido siempre un patrón: por mucho rigor técnico que se introduzca, la política acaba imponiendo las cifras finales. Primero se decide cuánto va a recibir cada comunidad autónoma y luego se diseñan los criterios para justificarlo. Este nuevo intento repite la misma lógica. Se promete que ninguna comunidad perderá recursos y que todas convergerán al alza, una ambición fiscal que implica decenas de miles de millones adicionales que alguien debe pagar.
Y aquí aparece la primera gran contradicción del modelo. Se promete más gasto y más recursos para las comunidades autónomas mientras Bruselas exige disciplina fiscal. Si las regiones reciben más financiación, el Estado solo tiene dos alternativas: o reduce su propio gasto o aumenta impuestos. Ambas opciones resultan políticamente inviables. Las reglas fiscales europeas, que vuelven a estar plenamente activas, impiden pensar en un esquema que multiplica el gasto autonómico sin reconocer quién asumirá la factura final.
La segunda contradicción es igualmente evidente. Se habla al mismo tiempo de multilateralidad y bilateralidad. La experiencia reciente es clara: cuando se combina este discurso, lo que realmente significa es que se negocia en privado con los partidos nacionalistas catalanes y después se presenta el acuerdo al resto de territorios para que lo acepten sin margen de maniobra.
No hay ningún sistema estable posible con este método. Menos aún cuando se promete «autonomía fiscal», pero solo en un sentido: más impuestos y más gasto. Eso no es autonomía, ni es corresponsabilidad, ni se parece a un modelo federal coherente.
El planteamiento parece diseñado, además, para poner trabas a las comunidades que han mostrado que otra política fiscal es posible: impuestos bajos, gasto moderado y servicios públicos eficientes. No es casualidad que Madrid concentre buena parte de las críticas del Gobierno cuando, paradójicamente, es la región que más contribuye al Fondo de Garantía de Servicios Públicos y una de las que más reduce desigualdad gracias a la eficacia recaudatoria de su IRPF. Tampoco es irrelevante que aporte unos 5.700 millones netos al resto de comunidades a través del sistema de financiación vigente, un esfuerzo de solidaridad que rara vez se reconoce
En definitiva, la propuesta de financiación autonómica no resuelve los problemas estructurales del modelo, ignora las restricciones fiscales europeas y añade nuevas distorsiones políticas. Lo urgente no es diseñar un sistema para contentar a socios parlamentarios, sino establecer un marco estable, transparente y que premie la buena gestión. Mientras la política siga determinando primero los resultados y después los principios, cualquier reforma estará condenada a repetir los errores del pasado.