El caso de los paneles entra en la fase de los daños y perjuicios

P. Seoane OURENSE / LA VOZ

OURENSE

La reclamación de Afiador está pendiente de sentencia desde el 2010

18 jul 2013 . Actualizado a las 07:20 h.

Zanjada la vertiente penal del caso de los paneles, con la definitiva sentencia del Tribunal Supremo que supone la exculpación de los tres últimos acusados ?el exteniente de alcalde Alexandre Sánchez Vidal, el exdirector xeral de turismo David Cortón y el funcionario Elías Domínguez?, queda ahora por resolver la cuestión económica. La reclamación de la empresa que se iba a beneficiar del contrato suscrito en su día con el exteniente de alcalde, para la instalación y explotación de paneles publicitarios, está desde mediados de diciembre del 2010 pendiente de sentencia por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Ourense. Entonces decidió el magistrado celebrar la vista, aunque sin dictar sentencia, a la espera de que se resolviera el procedimiento penal. Ahora, conocida la posición del Tribunal Supremo, en medios vinculados al caso empieza a tomar forma la perspectiva de un acuerdo entre el Concello de Ourense y la empresa Afiador Produccións, una posibilidad de la cual no querían ni oír hablar en el gobierno local hace pocos meses.

Con la contundencia mostrada por el Tribunal Supremo a la hora de valorar el controvertido contrato-convenio, concediéndole «a no dudar» carácter «resolutivo, en ningún caso de trámite», ha perdido solidez la tesis hasta ahora defendida por la administración local, que rebajaba el contrato a la condición de protocolo de intenciones.

En contra de la opinión de la Audiencia Provincial, que no concedía eficacia al convenio, dando por buena la nulidad decidida por la junta de gobierno, el Supremo ya anticipa la posibilidad de una «indemnización, siendo indiferente que el acuerdo debería ser aprobado por la junta municipal de gobierno, por eso precisamente se está ante una resolución que debe ser estimada de prevaricadora, por el apartamiento absoluto del principio de legalidad».

La nueva situación coloca al Concello en una posición de aparente desventaja, por lo que la disposición al diálogo que han transmitido al gobierno local los socios de Afiador Produccións adquiere otro valor. Frustrado el negocio, los dos emprendedores que en el año 2007 iniciaron la aventura se conformarían ahora, según hace unos meses hicieron ver al gobierno local, con poco más que la recuperación de los gastos, incluidos los de asistencia jurídica a cargo de un despacho de Oviedo especializado en asuntos del ámbito administrativo.

La posición de Afiador está en la actualidad lejos de la demanda de treinta millones de euros que está pendiente de sentencia en el juzgado de lo contencioso de Ourense. Apuestan por un acuerdo rápido, renunciar a la demanda y pasar página.

Desde el gobierno local, al menos de una manera formal, los únicos pasos públicos los ha dado la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, que se ha limitado a resaltar el carácter absolutorio, sin ponderar el efecto económico de la posición fijada por el Tribunal Supremo.