El juez ha imputado a todos los miembros de la junta de gobierno que encargó las obras de la calle Bedoya por el procedimiento negociado y sin publicidad
26 jun 2014 . Actualizado a las 18:42 h.La instrucción del caso Bedoya, en el que se discute la legalidad de la adjudicación en el año 2008 de las obras de mejora de esa céntrica calle por el procedimiento negociado y sin publicidad, ha llevado esta mañana ante el juez al alcalde de Ourense, Agustín Fernández Gallego. El regidor, que entonces era concejal responsable del área de economía, mostró su confianza en que la junta había actuado «correctamente e dentro da máis estricta legalidade». Este procedimiento se inició por una denuncia del grupo municipal de Democracia Ourensana, que en el año 2008 no tenía presencia en la corporación local.
Fernández Gallego, antes de iniciar su declaración ante el juez, mostró su disposición a colaborar con la justicia, como es obligación de cualquier ciudadano, según sus palabras, contestando a las preguntas que le formulen el juez y el fiscal.
El alcalde de Ourense pidió expresamente «trato de igualdade». Se refirió expresamente a otro caso que él ve semellante, del año 2006, cuando el anterior gobierno municipal del PP hizo una compra de distintos productos a una empresa propiedad del concejal de D.O. Gonzalo Pérez Jácome. En este asunto, el juez pidió informe a la fiscalía y el ministerio público «pronunciouse de forma rotunda e clara», al concluir que no existe motivo para seguir adelante con ese procedimiento de carácter penal.
En relación con el caso concreto de Bedoya, el alcalde aseguró que la junta de gobierno no había tenido conocimiento de informe de ningún tipo, ni verbal ni escrito, que alertara sobre la legalidad del procedimiento elegido, sin haber acudido al concurso público a pesar de que se trataba de una obra con 600.000 euros de presupuesto.
El titular del juzgado de instrucción número 2 de Ourense, Antonio Piña, imputó en este asunto a la totalidad de la junta de gobierno formada por concejales del PSOE y el BNG, al titular de la Asesoría Xurídica del Concello y a las tres empresas invitadas desde la concejalía de Infraestructuras. La ronda de declaraciones del exalcalde, exconcejales y concejales que formaban aquella junta de gobierno la está atendiendo el juez Leonardo Álvarez, en tanto la Audiencia Provincial no resuelva la recusación al juez Piña por parte del exregidor Francisco Rodríguez y la edila de Urbanismo, Áurea Soto, que apelan a relaciones de amistad del juez con un representante de Democracia Ourensana.