La Xunta acusa al Gobierno de buscar «escusas» para las autovías A-56 y A-76

r. n. p. OURENSE / LA VOZ

OURENSE

Empresarios de Ourense presentaron, conjuntamente con la conselleira de Mobilidade, alegaciones al anteproyecto de ley del Gobierno
Empresarios de Ourense presentaron, conjuntamente con la conselleira de Mobilidade, alegaciones al anteproyecto de ley del Gobierno CEDIDA

La patronal ourensana se suma a las alegaciones autonómicas a la ley de movilidad estatal

10 may 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

La Xunta y la patronal ourensana hicieron frente común para reclamar al Gobierno central una ley de movilidad sostenible que tenga en cuenta las comunicaciones del rural y evite agrandar las desigualdades territoriales. La CEO y la administración autonómica instan al Ministerio de Transportes a tener en cuenta las peculiaridades de Galicia, como la dispersión y el envejecimiento de la población en la planificación de las infraestructuras y los servicios de movilidad. Piden, en concreto, que se prioricen factores como el reequilibrio territorial y la cohesión social y no solo criterios de rentabilidad económica.

En este sentido, la conselleira de Mobilidade, Ethel Vázquez, critica que el anteproyecto de ley presentado por el Estado apueste por suprimir servicios de tren el rural, sustituyendo el ferrocarril de media distancia por transporte por carretera, que deben pagar las comunidades. Alerta, además, de que esta norma pretende ser una «escusa legal» para no hacer obras como las autovías a Lugo (A-56) y a Ponferrada (A-76). Además, la Xunta y los empresarios coinciden en la oposición frontal a sistemas de pago por uso en las autovías basados en la distancia recorrida, pues consideran que aumenta el desequilibrio territorial.

Más de 50.000 habitantes

La conselleira de Mobilidade advierte que esta ley genera una especial preocupación en Ourense, por lo que puede suponer para esta provincia, eminentemente rural, en la que el 75 % de los municipios cuentan con menos de 2.000 habitantes. Por otro lado, la Xunta asegura que los criterios del Gobierno central en el reparto de los fondos Next Generation de movilidad, que tienen que ser invertidos en núcleos de más de 50.000 habitantes, implican dejar fuera al 97,8 % de los municipios gallegos. Concretó que en Ourense, solo la capital supera los 100.000 habitantes y no hay ningún municipio que tenga una población entre 20.000 y 100.000 habitantes. «Esta circunstancia lastra o desenvolvemento de melloras viarias», concluyó.

Al acto asistieron numerosos representantes empresariales.