Los impagos agravan el caos en las relaciones laborales del Concello de Ourense
OURENSE
Conflictos a todos los niveles dificultan el trabajo diario en el Ayuntamiento ourensano
30 jun 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Una reciente sentencia anula la ampliación de la jornada de trabajo aprobada por el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome. Es la última de una larga serie de conflictos laborales en el Concello de Ourense. Condenas por acoso, ceses, problemas con el pago de las nóminas o demandas por el retraso en el proceso de estabilización complican el trabajo diario en el Ayuntamiento.
ACOSO
Persecución de los funcionarios «incómodos» e insultos a todo el personal. Jácome no cree en el sistema funcionarial y nunca lo ha ocultado. Y, como alcalde, no ha matizado su discurso crítico, más bien al contrario. En una reciente charla a la que fue invitado por la Asociación de Constructores de Ourense dedicó buena parte de su intervención a los funcionarios. «La mitad son incompetentes o vagos», dijo el regidor ourensano.
En cualquier caso, más allá de alusiones genéricas, algunos trabajadores ya han denunciado casos concretos de acoso. La primera en hacerlo fue la jefa de la Policía Local y la Justicia le ha dado la razón en primera instancia. La sentencia, pendiente de la resolución de recursos, condena al Concello y al exconcejal de DO Telmo Ucha a pagar una indemnización de 30.000 euros. Es, exactamente, la misma compensación ordenada por el juzgado tras la denuncia del interventor, también por acoso.
«Era un funcionario incómodo», concluye la resolución. El trabajador fue cesado y reubicado como jefe del órgano de Gestión Tributaria. Jácome le encomendó la tramitación de las multas de tráfico, pero ha tenido que devolverlo a su puesto tras otra decisión judicial, en este caso en el ámbito contencioso-administrativo. En esa vía se resolverá también otro cese de una funcionaria clave para la fiscalización de la gestión económica del Concello, la tesorera, al que el alcalde acusaba de ser «demasiado tiquismiquis».
En cuanto al acoso, en un reciente pleno el PP advirtió que habrá más denuncias y el alcalde lamentó: «Se abre la veda». De hecho, la exjefa de Comercio —cesada tras figurar en las listas electorales de la formación popular— ya ha pedido que se active el protocolo municipal antiacoso por el hostigamiento que, según asegura, sufrió por parte de Jácome.
sin presupuestos
Problemas para pagar las nóminas y medio centenar de empleos, en peligro. Ourense lleva desde el año 2020 sin unos presupuestos actualizados, una circunstancia que complica la gestión económica del Concello a todos los niveles. Además, el capítulo de personal de las cuentas vigentes fue anulado tras un recurso presentado por el sindicato CSIF, que alegaba que el gobierno municipal no lo había negociado con los representantes de los trabajadores.
Esa sentencia, que ya es firme, está teniendo graves consecuencias porque ahora el Ayuntamiento funciona con las partidas de personal de los últimos presupuestos que se aprobaron antes del 2020, es decir, los del 2014, y hace una década la situación era muy diferente. En primer lugar, el Ayuntamiento lleva desde el pasado mes de febrero con problemas para abonar la nómina completa a la plantilla por los ajustes contables que fue necesario aplicar. Se han producido impagos en los pluses de nocturnidad y festividad y los más afectados son los bomberos y los policías locales, para los que esos complementos pueden suponer hasta un 40 % de sus ingresos mensuales. El gobierno local prometió resolver la situación cuanto antes, pero por ahora no ha sido así. Acaba de abonarse la nómina de junio y los afectados han podido comprobar que se mantienen los problemas.
La ejecución de esa sentencia conlleva, además, la anulación de todos los acuerdos adoptados en materia de personal desde el año 2020. Recientemente, el juzgado dio dos meses de plazo al Concello para cumplir con esa resolución. Según los sindicatos, decenas de trabajadores contratados desde entonces podrían tener que ser despedidos, entre ellos varios altos cargos, como el city manager, Francisco Cacharro, que ya tiene previsto su regreso a la Diputación.
falta de personal
Retraso en el proceso de estabilización de empleo y fichajes «a dedo». Jácome repite con insistencia que gran parte de los trabajadores del Concello entraron «enchufados» y lamenta que ahora es él quien tiene que regularizar la situación. De hecho, el Ayuntamiento, al igual que todas las Administraciones públicas, debe poner en marcha un plan de estabilización de los trabajadores temporales e interinos. Ese proceso debería completarse antes de terminar el año actual, pero aún no han comenzado los trámites. Cansados de esperar, algunos trabajadores ya han presentado demandas para pedir que se les aplique una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que reconoce el derecho de este tipo de trabajadores a la fijeza en su puesto.
Por otra parte, los juzgados acaban de anular la plaza del jefe de administración del Consello Municipal de Deportes por utilizarse el sistema de libre designación. El caso lo denunció el CSIF. Además, Comisiones Obreras ha recurrido otros nombramientos «a dedo», los del director general de Recursos Humanos, del coordinador de Perímetro Rural y del jefe de extinción de incendios.
jornada laboral
Ampliación anulada y polémica por el control horario. El ejecutivo liderado por Jácome aprobó la ampliación de la jornada laboral en Junta de Gobierno, sin pasar por el pleno. Comisiones Obreras denunció y el Tribunal Superior de Xustiza ha anulado el acuerdo. Por lo tanto, su aprobación debe someterse a debate en sesión plenaria de la corporación municipal, donde DO no tiene mayoría.
Por otra parte, una de las grandes reivindicaciones de Jácome estando incluso en la oposición era la implantación de un sistema tecnológico de control horario, ya que los trabajadores fichaban firmando en un papel y el alcalde entendía que, de ese modo, se facilitaba la picaresca. Los informáticos del centro de inteligencia artificial diseñaron una herramienta que se implantó de forma experimental a finales del año 2022 y que el gobierno local pretende hacer obligatoria. Sin embargo, ese sistema fue rechazado en la mesa general de negociación por los dos sindicatos que tienen la representación mayoritaria del personal (CSIF y Comisiones Obreras), que argumentan que la herramienta no sirve para los trabajadores que no tienen ordenador asignado a su puesto.