Un nuevo contrato de alquiler frenó el cierre de una pizarrera con 250 trabajadores en Valdeorras
CARBALLEDA DE VALDEORRAS
Irosa fue desahuciada a media mañana y reabrió por la tarde tras la firma de un acuerdo entre la empresa y la junta vecinal de montes propietaria de los terrenos
29 nov 2023 . Actualizado a las 18:58 h.Los 250 trabajadores de la pizarrera Irosa acudieron esta mañana a su puesto como un día más. Pero no era uno cualquiera, sabían que en cuestión de horas serían desalojados para cumplir con la orden de desahucio decretada por la jueza de O Barco tras varias sentencias que daban la razón a la junta vecinal de montes en mano común de Portela-O Trigal (Carballeda de Valdeorras). Reclamaban el alzamiento porque la empresa llevaba sin pagar el alquiler desde el 1 de enero del 2015, el día después de que venciese el contrato anterior.
La comisión judicial llegó a las naves acompañada de más de una docena de coches de la Guardia Civil. En la plaza esperaban ya los trabajadores, que presenciaron —algunos con lágrimas en los ojos— cómo el presidente del grupo pizarrero, Rogelio López, cerraba los dos portalones. A su lado, el presidente de la junta vecinal, Odilo Fernández; el secretario, Patricio Valle; y el abogado José Antonio Iglesias —que desde el mes pasado es también comunero—. Aunque desde la plantilla se había dicho que no permitirían el cierre de la empresa, ante el temor de que no volviese a abrir sus puertas, finalmente atendieron a las peticiones del empresario, que les pidió calma y que confiasen en él. López apeló a la existencia de un acuerdo con la junta vecinal para, una vez realizado el trámite del desahucio, acudir a la notaría en O Barco para firmar el nuevo contrato de arrendamiento.
Dos horas después, las partes ratificaban el documento y los comuneros entregaban a López las llaves de los candados que cerraban las cadenas puestas en los portalones —ante la previsión de la reapertura se acordó con la comisión judicial no cambiar todas las cerraduras, sino que se optó por lo que ambas partes calificaron como un cierre simbólico—. Así que López regresó a O Trigal para, ante los aplausos de la plantilla, abrir de nuevo los portalones y los trabajadores pudieron volver a sus puestos en las naves de elaboración. No solo los de Irosa, sino también los de Samaca. La parte comercial del grupo pizarrero fue desahuciada a mediados de septiembre. Aquel día también estaba previsto el cierre de Irosa, pero los trabajadores impidieron que se llevase a cabo. La jueza marcó una nueva fecha: hoy, 29 de noviembre.
Desde el cierre de Samaca, ambas partes mantuvieron varias reuniones que dieron como resultado la firma de un preacuerdo. La semana pasada, comuneros y empresa acordaron dos posibles escenarios a la espera de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre el recurso interpuesto por los comuneros contra la expropiación de los terrenos impulsada por la Xunta a favor de Samaca e Irosa. En todo caso, aquel día Odilo Fernández aseguró que fuese cual fuese el fallo (o aunque este no llegase a conocerse antes de hoy), la junta vecinal acudiría al juzgado de O Barco para desistir del alzamiento. Finalmente no fue así.
El lunes se conocía que el TSXG daba la razón a los comuneros y tumbaba la expropiación. El monte es propiedad de los vecinos y con esa información estos plantearon un nuevo acuerdo, que fue el que se ratificó esta mañana ante notario. Será un contrato de arrendamiento por once años (el máximo que permite la ley para los montes comunales), susceptibles de prórroga. «Estableceuse unha nova renda das parcelas e tamén se acordou unha indemnización que han de satisfacer as empresas afectadas pola ocupación durante estes nove anos», explicó el abogado de la junta. José Antonio Iglesias habló de la buena disposición de las partes y remarcó que la comunidad de montes siempre quiso «manter os postos de traballo e a continuidade da empresa».
López defendió el trabajo de la Xunta en el trámite de expropiación y dijo ver fácil recurso a la sentencia del TSXG, «aínda que nos comprometemos á esixencia dos comuneiros» a no apelar. Valoró el acuerdo como positivo. «Tivemos que tragar todo o que se nos esixiu», dijo. Y lo justificó en dos cuestiones: «Estaban as forzas de orde público preparadas para intervir, e por nada do mundo quería velas dándolle paus aos nosos traballadores. Era algo que había que evitar a toda costa. E o segundo que quería evitar era o peche da empresa, porque sei que se se cerra, non volve abrir nunca».