Vecinos de una urbanización de Celanova que nunca terminó las obras estudian denunciar al Concello

LA VOZ OURENSE

CELANOVA

Urbanización Coutada-Guadix
Urbanización Coutada-Guadix TERESA CELA

Los habitantes de Coutada-Guadix no tienen licencias de primera ocupación o carecen de servicios urbanísticos básicos

30 ene 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Los inquilinos de la urbanización de Coutada-Guadix, en Celanova, estudian acciones legales contra el Concello por la situación irregular de sus viviendas. El asunto llegó este miércoles hasta el pleno ordinario municipal a través de una pregunta del PP. Los vecinos estudian junto a un abogado incluso poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía. El barrio empezó su proyecto de construcción en el 2005 sin embargo nunca llegó a urbanizarse y los habitantes todavía no cuentan con licencias de ocupación, ni podrán tenerlas hasta que terminen las obras. 

Como recopiló el abogado encargado del asunto, el Concello dio licencia en el 2005 para construir las viviendas actuales. La urbanización fue promovida por Ruanova, encargándose de la urbanización y edificación de 62 parcelas. En aquel momento, en vez de exigir un aval bancario como condición de las licencias de obra, el gobierno local permitió a la empresa constituir una hipoteca sobre algunas parcelas sin previa tasación por parte del arquitecto municipal, como apunta el abogado. 

La promotora vendió las viviendas, pero nunca llegó a completar las obras, abandonadas desde el 2015. Denuncian que el Concello «permaneció en total pasividad». Apuntan que no declaró el incumplimiento de la empresa, ni asumió la urbanización a su coste, ni exigió la ejecución de la garantía hipotecaria. La promotora se descapitalizó y actualmente es insolvente. Aun así, los vecinos pagaron los correspondientes recibos del IBI, aunque sus viviendas carecían de los servicios urbanísticos básicos.

Las quejas de los vecinos se remontan a años atrás, por lo que el gobierno local contrató en el 2018 a un abogado para que procediese a demandar la ejecución de la hipoteca. En el escrito recogido por el abogado, apunta que se le pagó 7.200 euros pero nunca se llegó a presentar la demanda. En febrero del 2019, se encargó la redacción de un informe que valorase cuánto costaría la urbanización, que ascendería a 362.000 euros.

El actual alcalde encargó otro estudio relativo a las responsabilidades derivadas del estado en que se encuentra la urbanización, a través de un despacho de abogados no por solicitud a la secretaría del Concello. «El informe en cuestión trata por todos los medios de responsabilizar a los vecinos, al tiempo que soslaya por completo el incumplimiento del deber municipal de exigir en su día a la promotora un aval bancario», explica el abogado. Además, asegura que indicó al letrado contratado en el 2018 que paralice su demanda. 

El asunto pasó varias veces por pleno, a través de mociones del PP para regularizar la situación. Ahora los vecinos estudian acciones legales contra el concello porque consideran que el estado en el que se encuentra la urbanización es responsabilidad del gobierno local.