A juicio un vecino de O Carballiño que tenía en su ordenador casi 3.000 archivos de contenido pedófilo
O CARBALLIÑO
Los agentes de la Guardia Civil incautaron en el domicilio del sospechoso fotografías y vídeos con menores
05 nov 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Estar en posesión de material pornográfico en el que los protagonistas son menores de edad es un delito. Y es por ello que la próxima semana un hombre al que se le incautaron una gran cantidad de fotos y vídeos de contenido pedófilo tendrá que responde ante la justicia.
Lo hará, en concreto, ante la magistrada del Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, tras haberle imputado la Fiscalía provincial un delito de posesión de pornografía derivado del registro que, en mayo del año 2021, se realizó en su vivienda de O Carballiño.
En realidad, los agentes especializados en este tipo de delitos ya sospechaban de la actividad ilegal del investigado desde semanas atrás. En concreto, se detectó que desde un ordenador ubicado en ese municipio se habían descargado, desde la red de intercambio de información peer to peer, siete archivos de imagen y vídeo en los que aparecían menores desnudos. Tras saltar la alarma, los agentes rastrearon la dirección IP, que les facilitó un domicilio, si bien durante las semanas posteriores trataron de averiguar qué persona podría haber utilizado el dispositivo y descargado las imágenes. En mayo ya tenían un sospechoso. Tras solicitar al juez una autorización para la entrada y registro en la vivienda, accedieron al piso y localizaron dos ordenadores, uno de mesa y otro portátil. En uno de ellos no había nada ilegal, pero en el otro se descubrieron 2.962 archivos «de contenido sexual pornográfico». Según recoge el escrito de acusación, eran 2.1716 fotos y 246 vídeos, «en los que se habían utilizado a menores de edad». Al propietario del ordenador se le abrieron diligencias judiciales que ahora llegan a su fase final: el juicio.
Eso sí, sobre la mesa hay un posible acuerdo que pasaría por el reconocimiento expreso de los hechos por parte del acusado. Si admite que los documentos ilícitos eran suyos podrá saldar sus cuentas con la justicia con una multa de 1.350 euros. De lo contrario, se pediría para él una condena de un año de cárcel. El reproche implicaría, en todos los casos, la inhabilitación del investigado para ejercer cualquier actividad relacionada con menores.