Dos pontevedreses aceptaron ayer en la Audiencia seis meses de prisión por apropiarse de dinero de la empresa para la que trabajaban de comerciales. Ambos encausados fueron empleados por la firma, que tiene la sede social en Barro y se dedica a la venta de productos del mar congelados, a principios del año 2001.
Posteriormente, y tal y como asumieron ante el tribunal, comenzaron a quedarse para sí con los pagos de algunas facturas que realizaban otras empresas. De este modo, Santiago González se habría hecho con 5.176 euros y Javier Fortes, con 4.380, según se recoge en el escrito de acusación inicial de la Fiscalía de Pontevedra.
Tras confesarse autores de un delito de apropiación indebida, el fiscal les aplicó una atenuante de reparación del daño causado, circunstancia que explica que rebajase de tres años a seis meses su petición de condena. Y es que, mientras Santiago González ya ha consignado siete mil euros para abonar las indemnizaciones por el dinero sustraído y el pago de la mitad de las costas de la acusación particular, su compañero de banquillo se ha comprometido a hacer lo propio durante el próximo año.