El diputado socialista atribuye la situación a los recortes del Gobierno central y al desmantelamiento de este servicio
14 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.Más de 2.400 cuidadores de personas dependientes han dejado de cotizar a la Seguridad Social en la provincia en los últimos tres años. El diputado socialista Guillermo Meijón dio a conocer ayer el dato, que atribuyó directamente a los recortes en materia social impuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy y a una política de «desmantelamiento» de la Ley de Dependencia.
El dato fue facilitado por el propio Ejecutivo central en respuesta a una pregunta parlamentaria planteada por Meijón. Esos 2.400 cotizantes menos representa un descenso del 85 % en relación con los que había en el 2011, de acuerdo con los cálculos del diputado del PSOE.
Meijón asegura que detrás de esta cifra se esconde otra más sangrante aún, como es el severo recorte de la partida presupuestaria destinada a financiar a las personas dependientes. Según sus cálculos, «desde que gobierna el PP hay 2.265 millones menos para el sistema de dependencia; el número de beneficiarios ha descendido de los 738.587 de diciembre del 2011 a 721.512 en agosto pasado; y 177.000 dependientes con derecho reconocido están desatendidos, a lo que hay que añadir 314.000 personas de grado I, cuyo derecho a atención aún no es efectivo por el retraso en el calendario de aplicación de la ley».
El parlamentario pontevedrés reclama al Ejecutivo central que analice qué medidas son necesarias para garantizar la sostenibilidad de este servicio y el acceso al derecho reconocido que tienen los dependientes. Advierte además que este sistema «genera empleo, tiene un importante retorno en la creación de puestos de trabajo, sobre todo para las mujeres».
Dependencia moderada
Por último, Meijón asegura que el gabinete de Rajoy paralizó el calendario de aplicación de la ley, impidiendo a las personas con dependencia moderada acceder a una prestación del servicio; eliminó de los Presupuestos Generales del Estado la partida para el nivel acordado, que ascendía a 283 millones; suprimió las cotizaciones para los cuidadores no profesionales y se introdujo la incompatibilidad de prestaciones.